Algunos usuarios debieron utilizar servicios de taxi que cobraban Q10 por llevarlos hasta el periférico y calzada Roosvelt, mientras que otros optaban por utilizar el servicio de Transurbano para salir de la zona 6 y luego trasbordar.
Aunque ningún piloto o empresario ha explicado el porqué de la paralización parcial, Edgar Guerra, defensor del Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), teme que la medida haya obedecido a un incremento de las extorsiones.
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Según Guerra, ahora los pilotos son extorsionados por dos grupos delincuenciales. Hace poco se instaló una mesa de diálogo con autoridades municipales y de Gobernación para encontrar una solución al problema, pero no se ha acordado ninguna medida.
“Ninguna institución —ni la municipalidad y el Ministerio de Gobernación—, asumen la responsabilidad de bridar seguridad”, lamentó Guerra.
