Cuando Salazar ingresó a la sala para desarrollar una audiencia por un caso de violencia contra la mujer, preguntó por qué había personas en el lugar, por lo que una abogada le manifestó que las audiencias son públicas, pero la juez dijo que abandonaran el recinto, porque ella no permitía que nadie estuviera en su sala.
La abogada Brenda Regina Ortega dijo que la actitud de la referida juez es negativa, ya que las audiencias son públicas y, solo en casos de violaciones a menores o en casos específicos no se permite el ingreso de público, pero en este caso de violencia contra la mujer, la afectada no estaba en el lugar.
Ortega recordó que la semana pasada sustituyó a un abogado en una audiencia, pero Salazar también le indicó que abandonara el lugar, sin darle mayor explicación.
Ortega pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que envíe a personal a supervisar, para que pongan un alto al abuso que comete la juzgadora.
Luis Alfonso Aguirre Mejía, abogado litigante, dijo que se solidarizaba con los medios de comunicación, con derechos humanos y con los demás abogados que fueron obligados a salir de la sala. “Es importante que la CSJ tomé las medidas correctivas, para que esto no se siga dando en Chiquimula”, manifestó.
Jueza se pronuncia
La juez Diana Lucrecia Salazar al ser consultada al respecto del señalamiento en su contra, indicó que el lugar no es una sala abierta, ya que hay una persona que está encargada de la puerta de ingreso al tribunal, para evitar que cualquier persona ingrese, debido a que no se permite estar en las audiencias.
Al preguntarle por qué hay sillas para que las utilice el público, dijo que son para los peritos del Ministerio Público y no para las personas que deseen presenciar una audiencia.
Abren expediente
Yesenia Sandoval, auxiliar de la PDH, afirmó que abrieron un expediente y accionarán en supervisión de tribunales, para que se tomen las medidas de corrección en este caso.
