Chiquimula
Familias de asentamiento temen que sus hijos queden sin hogar, pues hay orden de desalojo
Unos 35 niños integrantes de varias familias del asentamiento 1 de Julio de Chiquimula podrían quedar sin hogar, ya que hay una orden para que desalojen el lugar; sin embargo, vecinos dicen que tenían un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Algunas de las viviendas del asentamiento 1 de Julio en la zona 5 de Chiquimula. (Foto Prensa Libre: Mario Morales).
Vecinos del referido asentamiento que está en la zona 5 de la ciudad de Chiquimula, informaron que el jueves último se presentaron al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y Adolescentes en Conflictos con la Ley Penal local para pedir protección integral de sus hijos, pues fueron informados por Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) de que tienen que desalojar el área.
Un sector del asentamiento está en el barrio Iglesia Vieja, frente a las ruinas de la antigua iglesia de la Virgen de la Asunción.
Cuando las familias empezaron a instalarse hace tres años, la mayoría de los vecinos del referido barrio mostraron su rechazo, pues aducían que se trataba de una invasión; sin embargo, los nuevos inquilinos no se retiraron del lugar.
Víctor Lobos, historiador y promotor cultural de Chiquimula, informó que en el área invadida hay enterradas ruinas de antiguas edificaciones de la Chiquimula de antaño, las cuales podrían ser rescatadas y convertidas en patrimonio cultural. Sin embargo, las autoridades han mantenido el caso estancado, hasta que recientemente Fegua anunció el desalojo.
Los invasores argumentaron que, al quedarse sin hogar, sus hijos no tendrán donde vivir y no podrían asistir a clases el próximo año, por las complicaciones económicas que representa trasladarse de hogar.
María Isabel Cetino Escalante, quien vive en el asentamiento, indicó que en el lugar viven 35 niños, por lo que esperan tener una opción de otro terreno para instalarse, pues no tienen a dónde ir y no quieren arriesgar la integridad de los menores.
Agregó que no hay fecha determinada para el desalojo, por lo que temen que ocurra en un momento imprevisto y tengan que pernoctar en la calle durante esta época de frío.
Cetino afirmó que desde el 2015 viven en el asentamiento, ya que tenían un amparo de la CC que los protegía; sin embargo, Fegua ha logrado gestionar por la vía legal este desalojo para recuperar este terreno que se ha mantenido sin uso por más de tres décadas.
“Si Fegua nos da un terreno para vivir entonces con gusto nos retiramos de este asentamiento, pero no queremos quedar desamparados con nuestros hijos. Esperamos que las autoridades nos apoyen en esta situación”, enfatizó Cetino.
Seguimiento al caso
Yesenia Patricia Sandoval, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, manifestó que han apoyado moralmente y asesorado en materia de derechos humanos a estas familias que viven en el asentamiento.
Reacciones
“No me parece justo que estas familias utilicen a los niños como excusa para que los dejen vivir en el asentamiento. Tener hijos es una responsabilidad que requiere análisis y sabiduría. En este caso son los menores quienes pagan los errores de los padres”, opinó Miguel Martínez, profesor.
“Lo mejor es que cada familia alquile una vivienda o la otra opción es que den a sus hijos a la Procuraduría General de la Nación mientras resuelven a dónde van a vivir”, manifestó Marisol Agustín Vanegas, docente.
Se trató de conocer la versión de Fegua, pero una persona indicó que se solicitara la información por medio de acceso a la información pública.
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