La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sujeto vapuleado fue identificado como Jonathan Rafael Coy Otzoy, de 28 años, quien fue evaluado por Bomberos Municipales Departamentales y trasladado a un hospital de la localidad, con varias heridas.
Un vecino del lugar dijo que ya están cansados de tanto robo y de que las autoridades no brinden seguridad, ni de día ni de noche.
“Los pobladores estaban muy molestos y el ladrón se escapó de que lo quemaran. Esperamos que esto le sirva de lección, para que ya no ande robando. Le exigimos a la PNC más presencia”, manifestó un poblador.
Otros hechos
La muerte de tres personas y un vapuleado por turbas de vecinos en la primera quincena del 2017, abre el debate sobre los linchamientos en el país, que en los últimos nueve años han cobrado la vida de 321 personas y mil 129 heridos, según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Aunque en el 2016 hubo una reducción de víctimas mortales por ajusticiamiento —19 hasta noviembre— en comparación con el 2015 —52 muertos—, este año ya se consumaron tres hechos y un intento.
“Enero empezó mal y seguramente el 2017 será un año de muchos linchamientos, más si no hay una respuesta inmediata del Estado para cambiar la percepción de la población sobre esos hechos”, comentó Mario Polanco, director del GAM.
La situación que preocupa a Polanco es que cualquier guatemalteco es susceptible de convertirse en víctima de esos hechos, pues no se ha logrado establecer que todas las personas que han sido linchadas hayan estado involucradas en acciones ilícitas.
Polanco expuso que los linchamientos son un fenómeno que se generaliza en el país, porque antes se creía que solo se daba en comunidades afectadas por el conflicto armado.
Lamentó que estas reacciones son tomadas como diversión en algunas poblaciones y que se utilicen de manera política para desviar la atención cuando se habla de temas que afecta a las comunidades.
Falta coordinación
Agregó que hay falta de coordinación en los operadores de justicia, pues según él, el Ministerio Público investiga, la PNC captura y el Organismo Judicial libera a los delincuentes.
El 14 de enero último, un grupo de vecinos de Chiquex, Santa Apolonia, Chimaltenango, quemó vivo a Carlos Batzil Saquil, de 31 años, a quien señalaban de pertenecer a una banda de secuestradores.
En San Pablo, San Marcos, en un hecho confuso, el pasado 9 de enero fueron capturados dos hombres señalados de ser responsables del ataque a un bus, en el que murió el piloto Juan Ramos, 44, y Marleny de León, 52.
El 5 de enero, en El Estor, Izabal, fue golpeado el taxista Carlos Ical Tiul, 42, a quien amenazaron de quemar por haber arrollado a una menor. Su vehículo fue quemado.
Innecesarias
Betzaida Nimajuan, auxiliar interina de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Chimaltenango, dijo que estos actos son innecesarios y que limita el derecho de defensa de las víctimas.
“Las personas tienen que ser entregadas a las autoridades para luego ser presentadas ante un juez”, señaló Nimajuan.
Érick Villatoro, delegado de la PDH en Huehuetenango, lamentó las ejecuciones, que a su criterio, se dan porque hay municipios que no tienen presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y los vecinos asumen que ellos deben hacer justicia.
Del 2008 a la fecha, mil 450 personas han sido víctimas de turbas de vecinos.
En tanto, de enero a noviembre del 2016 la PNC registró 19 muertos por estas acciones y 34 lesionados. El GAM, registró nueve hechos de enero a agosto del 2016, que dejaron 16 muertos y 67 heridos.
