De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 30 y 40 por ciento de los habitantes de América Latina son consumidores de alcohol,
Este mes, Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, reguló la venta y consumo de licor, lo que incluye beber en celebraciones privadas. El propósito es evitar hechos de violencia y accidente de tránsito. La comuna emitirá multas por incumplimiento de Q5 mil y Q25 mil.
En el 2015, la Municipalidad de Barillas, Huehuetenango, reguló el funcionamiento de cantinas, bares, restaurantes, expendio de bebidas alcohólicas y salones privados de baile. Los negocios deben estar a no menos de 800 metros de escuelas o iglesias.
Prohíben venta nocturna de licores en Sumpango, Sacatepéquez. La normativa, que data de marzo de este año, restringe la venta y consumo de licor de las 21 horas a las 8 horas del siguiente día, durante toda la semana.
En Antigua Guatemala, Sacatepéquez, las autoridades buscan que se respete la ley seca, como una alternativa para controlar la vida nocturna, que afecta la tranquilidad de los vecinos.
La OPS también destaca que esa práctica afecta el desarrollo social y económico de las personas, y que se asocia a unas 200 complicaciones de salud como trastornos mentales, lesiones físicas y transmisibles como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).
Añade que también es la principal causa de violencia doméstica, la pérdida de productividad y muchos costos ocultos en la sociedad.
La libre venta de licores a adolescentes y la apatía de las autoridades municipales y del Gobierno por frenar el comercio ilícito de bebidas embriagantes permiten que cada vez hayan más niños y adolescentes vulnerables a ser presa de esa enfermedad, coinciden fuentes consultadas.
Pese a la existencia de La Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Fermentadas y el acuerdo gubernativo 221-2004 o ley seca, que prohíbe la venta de licor a menores y la simple concurrencia de estos a los expendios, en la provincia las cantinas son disfrazadas de tiendas o cafeterías, según Marilis Baltasar, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Chimaltenango.
La Ley Seca también prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas de 1.00 a 6.00 horas.
“A los propietarios solo les interesa vender, no les importa que sean niños y adolescentes los que piden bebidas —alcohólicas—. También es lamentable la falta de control y vigilancia de parte de los padres de familia, que no brindan una adecuada educación a sus hijos”, agregó.
Baltasar recomendó a las autoridades sancionar o clausurar los negocios y expendios que no cuentan con los permisos y autorizaciones para distribuir licor.
Julio Letrán, padre de familia y pastor evangélico en Santa Rosa, coincide en que el alcoholismo en menores se da por la irresponsabilidad de los padres y los propietarios de comercios que venden licor, cigarrillos e incluso drogas.
Mal que deja huellas
El problema social se refleja con facilidad en la provincia, tal es el caso de Cristina Bocel —nombre ficticio—, quien fue obligada por sus padres a casarse a los 16 años. Su esposo la indujo al vicio y luego se marchó con otra mujer. Su madre murió y el resto de su familia la abandonó. Ahora deambula por las calles de la cabecera de Sololá, don duerme en las banquetas y sin ninguna esperanza de dejar de beber.
“El consumo de licor no le produce beneficio a las personas, y menos a los adolescentes. Deben haber restricciones más serias. Para mí el alcoholismo es un escape a la realidad que toca afrontar cada día”, dijo José Antonio Sandoval, sacerdote de la iglesia El Redentor, en Mazatenango, Suchitepéquez.
“Vivo un infierno. Mi vida no tiene solución. Me siento rechazada y cada día más hundida en el vicio”, cuenta Bocel, quien por lo general se hace acompañar de tres hombres, también alcohólicos.
Sandra Roque, vecina de la Democracia, Escuintla, entre tristeza y llanto cuenta que tiene un hijo alcohólico. “Él hace mandados de los vecinos y con el dinero que recibe compra licor y cigarros. Por más que le he dado consejos no cambia, y lo más triste es que es mi único hijo”.
Lilian Padilla, vecina de la cabecera de Zacapa, también tiene un hijo adicto a las bebidas embriagantes y pese a que ha intentado corregirlo no lo ha logrado. “Ahora solo esperamos que Dios nos ayude y que bendiga a nuestros hijos”, señaló.
Patricia Galeano, vecina de Suchitepéquez, coincide en que los padres de familia son responsables porque omiten las leyes que prohíben la venta de licor a menores, pues en muchos casos ellos mismos incitan a que sus hijos empiecen a beber.
“Hay un claro libertinaje. Muchos expendios de licor son clandestinos y los padres de familia hacen caso omiso y mandan a sus hijos a comprar las bebidas”, añadió.
Lugar sin ley
En Escuintla es común ver a jóvenes comprando licor en tiendas, supermercados y cantinas, ya que las autoridades no regulan a esos negocios, por lo que esto genera violencia y pérdida de valores, señaló Érick Urías, integrante del Grupo Sociedad Civil de Escuintla.
“Hacemos conciencia a dueños de negocios para que no vendan bebidas alcohólicas a menores, y de no acatar procederemos a clausurarlos”, dijo Fredy Sajvochol, juez de asuntos municipales de Chimaltenango, quien además señaló que han elaborado afiches informativos.
“Muchos jóvenes adictos a la bebida tienen que delinquir para obtener dinero y comprar licor y drogas. Es necesario que las autoridades hagan algo para parar ese problema, porque pone en riesgo la vida de muchas personas y trunca el futuro de los adolescentes”, refirió Sandra Morales, vecina de Escuintla.
“La ley establece que es prohibido la venta de licor a menores y la permanencia de estos en bares, pero hay padres que envían a sus hijos a la tiendas a comprar licor, por lo que para ellos también deben haber sanciones”, dijo Milton Estrada, coordinador de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia en Escuintla.
En Quiché también se encienden las alarmas, pues un estudio del Centro de Paz Bárbara Ford, cuya sede se encuentra en Santa Cruz del Quiché, destaca que dos de cada cuatro niños de entre 9 y 11 años se están involucrando en el consumo de bebidas alcohólicas y algún tipo de droga.
Carlos Vicente, representante de dicho ente, explicó que aunque no hay un dato estadístico fehaciente se calcula que el 50% de los niños de Quiché —de entre 9 y 11 años— son consumidores de bebidas alcohólicas, debido a que no hay restricción para la venta de licor.
“El problema es que los padres parecen no estar al tanto de las actividades extra familiares y escolares de sus hijos”, dijo Vicente.
mil quetzales es la multa para los comercios que violen la ley seca.
Elsa Peláez, psicóloga del Centro de Salud de Santa Cruz del Quiché, dijo que el alcoholismo en menores provoca una conducta violenta, problemas psicológicos y aumento de acoso escolar, moral y sexual.
Otto Chacón, psicólogo del Área de Salud en Chimaltenango, señaló que ese mal social a diario gana terreno. “Conocemos de casos de menores de 12 años que consumen bebidas alcohólicas y cigarrillos, impulsados en muchos casos por adultos, familiares y amigos”, lamentó.
Pablo García, psicólogo del Área de Salud Ixil de Quiché, explicó que el alcohol y las drogas llevan a la depresión y ansiedad en los menores que las consumen con cierta regularidad.
Lucha para erradicar
Autoridades de la Policía Nacional Civil de Chimaltenango y Retalhuleu aseguran que efectúan patrullajes en zonas de bares y cantinas, y cuando sorprenden la venta de licor a menores se alerta al Juzgado de Paz, Juzgado de Asuntos Municipales y la Superintendencia de Administración Tributaria, para que inicien el proceso de cierre del expendio.
mil 69 accidentes de tránsito se han registrado este año, varios por consumo de alcohol.
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia establece que los menores deben crecer en un ambiente libre de la presencia de personas dependientes de sustancias alcohólicas y psicotrópicos que produzcan dependencia.
La misma normativa, en el artículo 12 inciso F, ordena a los padres, tutores o responsables la inclusión de los menores en programas oficiales o comunitarios de auxilio para la rehabilitación por problemas de alcoholismo o drogadicción.
Por Jorge Tizol, Oswaldo Cardona, Édgar René Sáenz, Melvin Popá, Melvin Sandoval, José Rosales y Óscar Figueroa
