“Exigimos que levanten la sanción porque nos quedamos sin trabajo, somos pobladores de 30 comunidades los afectados. Se ha intentado dialogar, pero no nos da una solución, indicó Francisco Chamam, uno de los trabajadores.
En septiembre último, Carla Hernández, jueza B de Primera Instancia Penal de Petén, ordenó el cierre parcial Repsa durante seis meses, para que autoridades del Ministerio Público (MP) recaben evidencias y determinen si esta tuvo responsabilidad en el caso de la contaminación del río La Pasión.
Como un ecocidio ha sido catalogada la mortandad de peces y otras especies de fauna acuática a lo largo de casi 100 kilómetros del río La Pasión, en Sayaxché, Petén.
Líderes comunitarios denunciaron que la tragedia ecológica afecta la economía del lugar, pues más de cinco mil 600 familias —unas 30 mil personas— de 16 comunidades que se ubican en las riberas dependen de la pesca artesanal o consumen agua de ese río.
Algunas de las poblaciones afectadas son El Pato, Flor de la Selva, Santa Amelia, El Chorro, Champerico, El Colorado y La Torre.
El 28 de septiembre recién pasado, autoridades efectuaron un allanamiento en la empresa Repsa, con el fin de verificar si fue acatada la orden de suspender operaciones.
