Lograr que los ministerios estén conectados y que entidades como Salud dispongan de todos sus trámites en digital, son primeros desafíos para lograr meta en el sector público. <br>

Sector privado hace llamado a aumentar inversión e incorporar tiempo parcial a la formalidad. Gobierno argumenta que se han digitalizado servicios e instalado mesas técnicas para cerrar brecha. <br>

La única carretera que mantendrá el cobro será Escuintla-Puerto Quetzal. Propuesta de nueva ley financiará obras de mantenimiento con fondos de impuestos de circulación y petróleo. Sin embargo, proyectos privados fuera de rutas centroamericanas sí podrán tener modelo de peaje.

Desde 2022 se aprobó la Ley de Insolvencias en Guatemala, pero desde la administración pasada no avanzó el reglamento, que ahora podría estar listo en 2025.  ¿Cómo funcionará el proceso para quedar insolvente en el país?<br>

El proyecto de ley 5891 podría cumplir su cuarto año en espera de ser aprobado. Sectores demandan urgencia de conectar estudiantes para que políticas públicas relacionadas con la tecnología sean efectivas.<br>

Casi el 60% de las rutas en el país s no está registrado, lo que imposibilita al CIV darles mantenimiento. Expertos dicen que, a pesar de que las municipalidades pueden remachar muchos caminos rurales, proceso no es planificado ni técnico. <br>

Sector privado señala camino para entrar a fondo tecnológico en Estados Unidos que abriría puertas al país para ser parte de la cadena de valor mundial de semiconductores, componentes tecnológicos claves. <br>

A pesar de experimentar un crecimiento por mes en las cifras de empleo formal, expertos explican por qué podría ser insuficiente para los números que necesita el mercado laboral guatemalteco. <br>

El país recibe US$49 millones durante el 2023 en reinversión de empresas de BPO cada año para llenar hasta 5 mil puestos en las empresas de BPO, pero hay otros 15 mil que no logra llenar.  <br>

Analistas ven con preocupación que los datos de diversas instituciones en Guatemala, además de que están desactualizados, se centran en medir cobertura antes que el impacto de la gestión pública, lo que podría resultar en proyectos ineficaces para los próximos años.