Los planes de la fiscal general, María Consuelo Porras, para fortalecer la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) parecen no contar con especialistas y abogados que llevaron investigaciones como La Línea y Cooptación del Estado, entre otras. De acuerdo a lo que dice la ley, el MP no puede contratar a investigadores extranjeros.

El testimonio de Anelise Herrera dejaba ver que Sinibaldi y sus allegados guardaron cerca de Q100 millones en lugares secretos para evitar la justicia. En dos días la Fiscalía intentó dar con los escondites y con más datos de las empresas de cartón usadas por el exministro.

Una propiedad vinculada a Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio, hermano de Alejandro Sinibaldi, está siendo cateada este 22 de mayo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), con acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El MP y la Feci realizaron 14 allanamientos con la intención de secuestrar información de por lo menos 20 empresas para esclarecer el caso contra Sandra Torres y otros miembros de su partido por financiamiento electoral ilícito. Una de las sedes intervenidas pertenece a una empresa del diputado Julio Ixcamey y otros allegados al partido.

Costó cerca de Q500 millones, pero en menos de un mes la gran obra de infraestructura del gobierno de Jimmy Morales presenta fallas en su construcción. El gobierno cree que los deslizamientos e inundaciones son normales para esta inversión.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci), en una entrevista Guatevisión y Prensa Libre, confirma lo señalado por la Cicig en el sentido de que desde el 11 de octubre María Consuelo Porras, fiscal General, tenía conocimiento de la investigación contra dirigentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) por financiamiento no registrado.

Inacif cuenta con herramientas para perfilar genéticamente a agresores, pero disputa legal restringe su implementación a todos los detenidos por presuntos delitos.

Escuchas telefónicas, del caso por financiamiento electoral ilícito contra la UNE, muestran que algunos de sus financistas también fueron aportantes del Partido Patriota y Líder.

Escuchas telefónicas muestran el papel de recaudador de fondos de Gustavo Alejos para campaña de la UNE con el aval de la candidata Sandra Torres.

El portal de Guatecompras registra la contratación de la viuda del alcalde Álvaro Arzú para prestar "servicios técnicos" por Q300 mil durante este año para cumplir funciones en obras sociales.