La mal llamada “industria” de la trata de personas en Guatemala, percibe cada año no menos US$1 mil 200 millones (unos Q9 mil 240 millones) según un cálculo de Global Financial Integry (GFI), dado a conocer en la investigación denominada: “Crímenes financieros en América Latina y el Caribe”.

La primera regulación de los activos virtuales en Guatemala viene por la vía de lavado de dinero, iniciativa de ley que está pendiente de ser conocida en el pleno del Congreso, en la cual se establecen las sanciones y las supervisiones.

Las estafas electrónicas se producen en todas partes y los intercambios e inversiones con criptomonedas no son la excepción.

Este año fue notoria la falta de claridad en el presupuesto estatal vigente, por lo que con el proyecto de gasto por Q103 mil 992 millones planteado para el 2022, se debería esperar un reordenamiento de las finanzas y más certeza sobre su ejecución, según analistas consultados.

El mercado laboral para los migrantes guatemaltecos está en auge en EE. UU. y lo están aprovechando al máximo ante la escasez de mano de obra.

Alertan que autoridades financieras deben aumentar controles sobre sofisticación de ilícitos que incluyen criptomonedas y falsificación de productos “covid”.

La Guardia Costera de EE. UU. realiza una evaluación de los puertos del país esta semana. El no cumplir con los requisitos de la Organización Marítima Internacional, podría poner en riesgo las relaciones comerciales del país.

Dos bonos por Q2 mil al año y una nivelación salarial son parte de los acuerdos que se incluyen en el pacto colectivo del sindicato de trabajadores de la SAT, firmado con las autoridades tributarias en medio de la crisis provocada por la pandemia del covid-19 en 2020.

Buenos tiempos vienen para la economía guatemalteca en los próximos meses, anticipa el gerente general del Banco Industrial (BI), Luis Lara Grojec, luego de los efectos causados por el covid-19 a la producción nacional.

El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) conoció el año pasado unas 145 solicitudes de cédulas hipotecarias con respaldo de ingresos provenientes de la economía informal, de las cuales se adjudicaron 116 expedientes.