El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ha recibido más de tres mil solicitudes de verificación de alteraciones en documentos legales.

En Guatemala, cientos de familias buscan a sus seres queridos que un día salieron y ya no regresaron a casa.

Avances en la seguridad entre Guatemala y México, en acuerdos pactados en octubre del 2011, fueron presentados ayer en una reunión de autoridades de ambos países.

En su informe "Estado Mundial de la Infancia 2013", el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ubica a Guatemala en la posición 74, es decir el país con la tasa más alta de mortalidad de menores de 5 años en la región.

A partir del segundo semestre de este año, la Policía Nacional Civil (PNC) estará dividida en nueve regiones y 31 distritos, para tener presencia en todos los municipios del país, informó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

Desde el martes en la noche, unos 200 pobladores de Tejutla, San Marcos, tienen retenidos a cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y exigen la liberación de tres líderes comunitarios que fueron capturados ayer por tener en cautiverio a un médico de origen panameño.

La cifra de mujeres muertas en forma violenta aún es alta, y la mayoría sigue en la impunidad. En los primeros cuatro meses de este año, la cantidad de crímenes sobrepasa los 280, aunque el número de casos judicializados y de sentencias es bajo.

Un informe balístico elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que 32 armas de fuego que estaban en poder de integrantes de la Mara Salvatruchas habrían sido utilizadas en 238 homicidios, según fiscales del Ministerio Público.

El 5 de enero del 2011, en una banca de la Catedral Metropolitana, los empleados hallaron a un niño de al menos cuatro meses, que pesaba 12 libras y a quien llamaron Manuel de Jesús. Desde ese momento empezó un largo camino judicial que le impedía acceder a una familia y no fue sino hasta el 3 de abril recién pasado que un juez lo declaró en adoptabilidad.

Los hogares de abrigo privados  albergan a cuatro mil 493 niños y adolescentes, mientras que los estatales tienen a 925. El  hecho de que permanezcan en esos lugares ya es un síntoma de que fueron víctimas de algún tipo de agresión.