La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador pidió el miércoles detener a 17 militares retirados reclamados por un juez de España debido a su supuesta participación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 1989.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró a las pandillas y sus colaboradores como grupos terroristas que están al margen de la ley.