Maga otorga licencia para pesca de atún a empresa de capital español que junto a sus afiliadas, entre ellas una empacadora, están registradas y operan en Guatemala, explica un ejecutivo. El contrato establece que las cuotas de acarreo son propiedad del Estado de Guatemala por lo que la firma concesionaria no se constituye como propietaria de la cuota.

El 95% de servicios turísticos en El Paredón está operando y listo para recibir visitantes para Cuaresma y Semana Santa, mientras que el 5% restante está en recuperación luego del incendio del 8 de marzo último.

Una acción acción de inconstitucionalidad total fue presentada en la CC, este jueves 27 de marzo, en contra de la resolución de la SAT 393-2025 en la cual emite disposiciones administrativas para adoptar los códigos del DPI como NIT y su armonización.

Las establecieron la puntuación que darán a los candidatos a directorio de la Superintendencia de Competencia que cumplan con requisitos de experiencia, estudios académicos, aspectos éticos, plan de trabajo y examen de oposición.

El viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Luis Pacheco, da a conocer el estatus de las consultas comunitarias que están en desarrollo para proyectos mineros y de energía y la labor que prevén llevar a cabo respecto de nuevos proyectos.

El Gobierno de Guatemala trabaja en una nueva versión de la iniciativa 6021 que propone reformas a la Ley de Hidrocarburos y a los contratos de explotación de petróleo y está pendiente de enviarla al Congreso de la Republica.

Centro Administrativo del Estado (CAE) consiste en la construcción de cuatro edificios con el objetivo de albergar a decenas de entidades estatales, para lo cual ya se lanzaron dos concursos este año.

La municipalidad de Quetzaltenango y el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) entraron en una nueva polémica por el cobro del suministro de energía, incluso la comuna presentó un amparo y la institución está en desacuerdo.

Guatemala y Estados Unidos ya se dan un trato igualitario de libre acceso de productos, pero hay incertidumbre de qué nuevas condiciones le podrían aplicar al país y si estas afectarían el Tratado de Libre Comercio.

El impacto para la economía nacional se calculó en función del producto interno bruto (PIB), pero el daño podría ser mayor, según organizaciones empresariales.