Hace algunos años, Ernesto llegó precipitado a mi oficina para solicitarme que le valuara 1 mil 200 lotes que había desmembrado de una finca agrícola para ingresarla a un plan denominado “lote con servicios” que el gobierno había aprobado. Dicho programa otorgaba Q12 mil por lote y el comprador debía aportar Q4 mil más. “Esto está duro, es una carrera”, me dijo, “ya que varios diputados se han organizado y con el que yo estoy asociado debemos presentar esto lo más pronto”. Y ¿de dónde va a sacar tantos compradores? le pregunté. “Bueno, estamos dándoles Q500 a cada comprador para que nos dé su cédula de vecindad, pero algunos ya se dejan pedir Q1 mil”, o sea que a ellos no les va a servir de nada ese lote le cuestioné, “no, en esa montaña donde tengo la finca, nadie quiere irse a vivir, solamente con el aporte del gobierno hacemos un buen negocio”, finalizó. Efectivamente, este programa era bueno, pero la corrupción no lo dejó despegar. Se consumieron millones de quetzales, hay miles de lotes abandonados y el déficit habitacional continúa creciendo.

Hace algunos meses tuvimos la necesidad de comprar un vehículo usado, por lo que buscamos los anuncios en prensa o rótulos en los vidrios de los mismos automóviles que estaban a la venta. Dentro de toda la oferta seleccionamos tres de ellos y concertamos una cita con los vendedores. 

Sentados alrededor de una mesa platicando con un amigo cuyo padre tuvo la visión de comprar en su época varias propiedades inmobiliarias que ahora él heredaba, expresaba lo siguiente: “mi padre fue visionario al comprar estas propiedades que gracias a su esfuerzo, ahora valen bastante”, y es que haciendo sus cuentas decía, tal o cual terreno le costó casi nada, eran muy baratos y ahora así como están baldíos, valen una fortuna.

Escuché a una persona que tenía un préstamo hipotecario decir: “Lo que pasa es que el banco se quiere quedar con mi casa”. Me puse a pensar que a veces las personas tienen esas creencias, pero, afortunadamente esto no es así. El negocio de un banco, financiera o cooperativa de ahorro y crédito, en términos generales, es dar dinero en préstamo, cobrar los intereses que genera y al finalizar el plazo, le devuelvan el dinero para poder dárselo a otro solicitante.

Cuando se adquiere bien inmueble y se inscribe en el Registro de la Propiedad, el titular no solamente está adquiriendo la tierra y las construcciones sino, tal como indica nuestro código civil, también es propietario de los derechos reales, que se traducen en un poder inmediato y directo que el hombre puede ejercitar sobre una cosa a efecto de satisfacer sus necesidades. El objeto del derecho real es que el titular tenga una relación y poder jurídico inmediato sobre la cosa.

Si usted ha pensado esto, es importante que sepa elegir DÓNDE. La mejor inversión es aquella donde los sectores presentan tendencias o síntomas de crecimiento, para que usted pueda capturar adecuadamente y dentro de los rangos normales de rendimiento los beneficios futuros que puedan generar estos sectores.

El valor de las propiedades tiene mucho que ver con la actividad humana, sobre todo con: 1) las tendencias sociales, 2) con el quehacer económico, 3) con el régimen legal y certeza jurídica y finalmente 4) con su entorno ambiental.

En una plática, un amigo me dijo: —El valor bancario de un inmueble es fácil de calcular, solamente se le quita un 20 o 30 por ciento del valor comercial y listo—.

La Ciudad de Guatemala y algunos departamentos han venido desarrollando aceleradamente edificios de apartamentos en los últimos años, y es que el concepto de vivir en apartamento ha sido difícil para una población acostumbrada a la casita con un patio donde tender la ropa, hacer un jardín de plantas y tener animalitos.

Fue a finales de 1977, esa mañana se reunieron un grupo de manifestantes en el occidente del país, consiguieron llantas y otros objetos que colocaron alrededor de las llamas en las carreteras más importantes. La noticia voló con tal fuerza que gobierno inmediatamente dio marcha atrás a la reforma fiscal. ¿El motivo más importante? El impuesto único sobre inmuebles incluía un artículo confiscatorio de las propiedades si los ciudadanos no pagaban. El Congreso sesionó de emergencia y elaboró una nueva ley y en el primer considerando se mencionaba lo siguiente: “Que con la entrada en vigencia del Decreto Número 122-97 del Congreso de la República, Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, se ha producido una crisis de interpretación respecto a la obligación tributaria vinculada con los bienes inmuebles, poniendo en grave peligro la paz social, por lo que se hace necesario derogarlo”; el segundo considerando indicaba: “… para cumplir con el mandato de la Constitución Política de la República de Guatemala que establece que el sistema tributario debe ser justo y equitativo”, hago especial énfasis en la frase JUSTO Y EQUITATIVO, ya que finalmente con la entrada en vigencia del nuevo Decreto 15-98 fue lo que menos provocó.