La propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que entregó la sociedad civil al Ejecutivo, será enviada al Congreso dijo el presidente Jimmy Morales.

Diferentes organizaciones campesinas bloquearán este miércoles rutas importantes del país, por lo que se prevé un paro nacional, como medida de presión al Ejecutivo para que atienda las demandas planteadas desde febrero último. Las medidas fueron cuestionadas por la Presidencia de la República.

La Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) no cuenta con los permisos necesarios para empezar a operar, pues tres entidades del Estado se niegan a otorgar las autorizaciones hasta que se aclare o resuelvan las demandas planteadas.

Los exprocuradores Larry Robles y Vladimir Aguilar; además del actual abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Saúl Oliva, fueron denunciados por legisladores de Encuentro por Guatemala.

En el marco de los cien días de gobierno de Jimmy Morales, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, señaló que el mandatario tiene mucho trabajo por delante.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) interpondrá una denuncia penal contra quienes integraron el gabinete de Gobierno de Otto Pérez Molina, pues declararon sin lugar la solicitud de lesividad que en su momento planteó el partido Libertad Democrática Renovada, por irregularidades en el contrato de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El jefe de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), Mario Duarte, reconoce que existe un pulso  entre  las autoridades, y no lo desmiente el ministro de Gobernación, Francisco Rivas,  quien enumeró las actividades principales de esos grupos criminales.

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, desestimó las críticas en su contra por supuesta injerencia en el país, y considera que hay cosas más importantes de las cuales hablar que de soberanía, al tiempo de señalar que la migración  a EE. UU. se debe a la corrupción y a las graves carencias en Salud y desarrollo, así como a la falta de una reforma del sector de justicia.

La participación de varios abogados pertenecientes a las instancias que nominarán a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) es motivo de controversia y críticas, según miembros de la Mesa Multisectorial, que vigila el proceso de selección de magistrados del máximo tribunal en materia constitucional.

Lo que parecía  ser una lucha frontal contra la corrupción en el Congreso  —al salir a luz  las plazas en ese organismo—, solo era una cortina de humo que escondía las negociaciones entre diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Libertad Democrática Renovada (Líder), Progresistas (exlíder), Movimiento Reformador (MR) y Todos  para repartirse varios cargos.