¡Centro América arde! La región se consume entre las llamas de la impunidad y la corrupción. Las narco-clepto-tiranías de nuevo cuño le han prendido fuego. Prefieren que se queme todo antes que perder control sobre esta inmensa finca. La estrategia de depurar los Estados centroamericanos para volverlos funcionales, como un medio para reducir amenazas a la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, apenas si logró desequilibrar a las elites política, económica, militar y religiosa que reproducen el sistema excluyente y podrido en que vivimos hace tanto tiempo, pero no fue lo suficientemente contundente e integral como para doblegarlos y sentarlos a la mesa a negociar nuevas reglas del juego para el funcionamiento de la región.

Nos toca resistir, persistir y construir algo nuevo.

<div> Hace unos días vi una nota en un medio de prensa. Un padre pidiendo apoyo y solidaridad para reunir un cuarto de millón de quetzales para poder hacer un trasplante de riñón a su hija que padece de enfermedad renal crónica. Ella se llama Jessica, tiene apenas 15 años y miles de ilusiones por vivir. A diferencia de muchos otros con su misma condición, </div><div> Jessica ha tenido la fortuna de hallar un donante compatible, un ser humano cuya nobleza extraordinaria permitirá que esta joven tenga una mejor oportunidad en la vida. ¡Claro, si su familia reúne el dinero para hacer la operación!</div>

Los pocos logros de desarrollo que se habían logrado acumular desde la firma de la paz se están desvaneciendo. La última actualización que hizo la Oficina Mundial del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas muestra que el índice de desarrollo humano (IDH) para Guatemala comienza a estancarse. Con un valor de IDH de 0.650 compartimos el mismo puesto (127) en el ranquin mundial con la República de Tayikistán, exrepública soviética del Asia Central. Solo Honduras, cuya ciudadanía también está luchando contra una cleptodictadura electa con trampa constitucional, está, tristemente, peor todavía que Guatemala. A pesar de sus enormes problemas económicos, El Salvador se encuentra en el puesto 121 y Nicaragua, en el 124 —precrisis—. Panamá —puesto 66— y Costa Rica —puesto 63— hace rato que se desprendieron del pelotón y siguen subiendo en el ranquin.

Jimmy Morales y sus lacayos rompieron las reglas más básicas del relacionamiento internacional al reinterpretar retorcidamente la resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto al convenio del Estado de Guatemala con la ONU, respecto a la Comisión contra la Impunidad (Cicig). Jimmy Morales, Jafeth Cabrera —o sea, la Presidencia— y el Consejo Nacional de Seguridad son los golpistas. Degenhart, Jovel y el procurador General de la Nación, Luis Donado, no han tenido reparo en volverse la cara visible de la infamia y del rompimiento constitucional al que han llevado el país.

Los intentos del PactoDeCorruptos en su plan anti-Cicig incluyen reformar la Ley de Antejuicios. La iniciativa 5300 pretende eliminar el filtro que hoy hace la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a las solicitudes de antejuicio y que el Congreso tenga potestad absoluta para decidir al respecto. Aprobar esta iniciativa rompería el sistema de pesos y contrapesos que debe haber entre los órganos del Estado, amenazando la esencia de un Estado republicano democrático que aún muchos aspiramos a construir. Peor aún, con esta medida, el Congreso tendría en sus manos una poderosa herramienta de intimidación contra quienes se opongan a los intereses de la narcocleptocracia y sus patrones. En esta coyuntura, el blanco inmediato serían los magistrados de la CC que no son afines al Pacto, pues de esta corte depende defender nuestra institucionalidad y calificar el proceder de Jimmy Morales contra la Cicig y el comisionado Velásquez, pero podría aplicarse en cualquier momento a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a los de la Corte Suprema de Justicia, a jueces, ministros, secretarios y todo funcionario que goce de este derecho que no se pliegue a sus designios. El siguiente paso puede ser fácilmente restringir nuestros derechos civiles y políticos y revivir procesos de represión y violencia contra la población.

Por culpa de Jimmy Morales, el 31 de agosto de 2018 pasará a la historia como el día en que un presidente civil, que muy podrá haber sido electo en las urnas, pero igual traicionó la democracia cuando se embriagó de poder, miedo y cobardía, enfrentó a la ciudadanía con un mensaje simbólico que amenaza con retornarnos de lleno al pasado deplorable y oscuro de donde aún luchamos por salir.

Los médicos siguen siendo el referente de la salud en el imaginario de la mayoría de las personas. La atención médica especializada, hospitales con tecnología de punta y hotelería de primera son el epítome de lo que para muchos debería ser un sistema de salud de calidad. 40 años de impulsar el enfoque de “atención primaria en salud” no han sido suficientes para romper con ese paradigma que adscribe al médico propiedades casi mágicas, por no decir divinas, por el hecho de llegar a dominar el arte y la técnica de curar.

El Ministerio de Salud hace aguas nuevamente. En mi opinión, no ha terminado de salir de la crisis profunda que provocó la voracidad patriotera en 2015, que resultó en el severo desabastecimiento de medicamentos y el cese de los pagos de salarios a los médicos hospitalarios que están por contrato. Al gobierno de transición apenas le dio tiempo de poner al día parte de los salarios pendientes y cosas esenciales como el suministro de oxígeno.

Ya no hay palabras que alcancen para expresar el repudio y desprecio que provoca Jimmy Morales y su gabinete de la infamia; los diputados que prostituyeron lo que significa el servicio a la patria y toda esa camarilla de jueces y juezas que traicionaron a la Justicia y defienden con la ley el narcoclepto Estado en que convirtieron nuestro país.