En la actual discusión sobre una enmienda a la Ley de Reconciliación con respecto a crímenes cometidos —entre 1960 y 1996— durante la “guerra civil” en Guatemala, inclusive crímenes internacionales como el genocidio y la tortura, la perspectiva del derecho internacional no ha sido tomada suficientemente en cuenta. Esta perspectiva es fundamental, pues Guatemala es un Estado Parte de los instrumentos internacionales relevantes, inclusive el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) —vigente a partir del 1 de junio del 2012—, y el derecho internacional establece algunas limitaciones para este tipo de leyes.