Guatemala necesita puentes, bisagras o articulaciones entre distintos sectores para evitar la polarización y para contribuir a que surjan nuevas trayectorias de desarrollo económico y social que aseguren el bienestar de las mayorías. Pero cuesta encontrar esos puentes frente al extremismo, la falta de argumentos serios, la exageración y el uso del miedo para defender posiciones políticas de manera intransigente.

Si mi vecino gana lo mismo que yo, ¿es justo que yo pague menos impuestos? No. Ambos deberíamos pagar lo mismo. Es un principio básico de equidad, poco polémico. Pero la iniciativa propuesta en el Congreso para reducir los impuestos a ser pagados por ganaderos y productores agrícolas contradice ese principio ampliamente aceptado. Busca privilegios. Busca que estos productores paguen menos que los demás ciudadanos en general. Incluso busca que parte de los pocos impuestos que paguen les sean devueltos por la vía de un oscuro fideicomiso que le trasladaría estos recursos al sector agropecuario.

El sistema judicial, bajo fuerte presión social, avanza con cambios positivos. No ocurre lo mismo en el ámbito económico. La palabra que resume lo ocurrido en este ámbito es una: estabilidad.

Se resisten a debatir sobre cómo reducir la desigualdad. Niegan que el desigual acceso a la educación, a la salud, a la seguridad y a los ingresos sea un problema. Pero la desigualdad en el mundo ha aumentado, la mayor parte de la gente la considera una injusticia y promueve el populismo. Se debate en todos lados. Corresponde hacerlo en Guatemala e identificar maneras de reducirla.

En 2016 la inflación fue baja, hubo un crecimiento del PIB moderado, las reservas internacionales continuaron creciendo, el tipo de cambio se mantuvo bastante estable y el déficit fiscal fue bajo. Pero esta macroeconomía “rosa” engaña.

En 2015 se abrió un espacio político debido a la desaparición de dos partidos políticos tradicionales, el PP y Líder, a lo cual se agregó el debilitamiento de los demás. El espacio se abrió, pero aún no ha sido llenado.

La capacidad fiscal para atender los grandes desafíos que enfrenta Centroamérica en 2017 es baja. Los “Perfiles Macrofiscales de Centroamérica”, informe del ICEFI divulgado la semana pasada, detalla los desequilibrios fiscales, debilidades tributarias, deudas insostenibles, opacidad o corrupción que, con variaciones, encontramos en la región.

Ante los nubarrones del exterior resultantes del auge del populismo en los países del Norte, y frente al sombrío panorama interno causado por el peligro de una restauración de las fuerzas desplazadas del poder en 2015, surgen rayos de luz de las entrañas de Guatemala. Uno muy esperanzador es la multiplicación de organizaciones de mujeres en zonas rurales que buscan favorecer el ahorro comunitario y el emprendimiento en las zonas más pobres del país.

Dos decisiones del Congreso la semana pasada permiten evaluar cambios recientes en el balance del poder en Guatemala. Por una parte, el Congreso aprobó el presupuesto para el 2017 y, por otra, rechazó las propuestas que se presentaron de reformas constitucionales del sector justicia. Lo primero fue el resultado de una relación de cierta cooperación y negociación entre la bancada de la UNE, otras bancadas y el poder ejecutivo, especialmente el Ministerio de Finanzas Públicas. La aprobación del presupuesto fue el reflejo de una incidencia importante de la UNE dentro del Congreso a lo largo del año. Quizás involucró cogobernar durante algunos momentos. Esta incidencia resultó de la capacidad de gestión legislativa de Mario Taracena, combinado con una poderosa Comisión de Finanzas controlado por su partido y fortalecido por cierta unidad de la bancada, no obstante tensiones internas. Esta incidencia no estuvo exenta de acciones oscuras: modificar el presupuesto para trasladar la gestión de recursos desde los Consejos de Desarrollo a las municipalidades desplaza las posibilidades de corrupción desde los diputados y gobernadores a los alcaldes, muchos de ellos de la UNE.

Amenazas de sanciones —multas— como consecuencia de la inminente publicación de las conclusiones del panel laboral establecido como parte del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos (CAFTA) ahora son más relevantes ante la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.