El desordenado proceso de transición en el que nos encontramos desde 2015 ha tenido como uno de sus ejes fundamentales la erradicación de la corrupción, pero no ha sido el único eje de importancia. Al debilitarse las normas que se aplicaban en el pasado, muchas veces de manera implícita o informal, y que abrían espacios para la corrupción, se han fortalecido las luchas por definir las nuevas normas o instituciones que las deben sustituir. Estas normas o instituciones pueden ser tan variadas como la ley que se aplica a las contrataciones, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos (LEPP), la forma en que se lleva a cabo la consulta contemplada por el Convenio 169 de la OIT, o el funcionamiento de instituciones como la Contraloría General de Cuentas o la SAT. Lo que se percibe en esta transición es la búsqueda de espacios de influencia, especialmente para determinar algunos rasgos básicos del Estado que va surgiendo como resultado de estas luchas.

La victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales de Francia constituye la tercera derrota de fuerzas de la derecha populista en Europa en menos de un año. En elecciones en Austria y Holanda hace pocos meses, y ahora en Francia, el populismo de derecha fue vencido. Pareciera que la victoria de los que favorecían la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit), y de Donald Trump en los Estados Unidos, contribuyó a una percepción exagerada acerca de los alcances de un proceso, aparentemente irreversible, de auge populista.

A los populistas de izquierda y de derecha no les gusta que su poder sea restringido por el Estado de derecho. Quisieran tener “mano libre” para perseguir a sus opositores y, en general, para abusar de sus posiciones de poder. Cuando no violan abiertamente la ley, buscan que sea interpretada a su manera. Lo ilustra desde las acciones de Maduro para evitar que funcione adecuadamente el poder legislativo venezolano, hasta las directrices ejecutivas de Trump para controlar la migración, o sus presiones a los jueces para evitar que las cuestionen.

A nivel mundial se debaten tendencias como la robotización, y se están cuestionando las tradicionales relaciones entre ingresos, trabajo y tiempo libre. Lamentablemente el debate sobre el trabajo en Guatemala tiende a ser muy simplista. Muchos creen que reduciendo los salarios mínimos y eliminando las normas laborales se puede generar un masivo aumento del empleo. Están equivocados.

La semana pasada se iniciaron las llamadas “reuniones de primavera” en Washington, que convocan a las autoridades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial con los ministros de Finanzas y los presidentes de bancos centrales del mundo entero, para discutir la situación actual y las perspectivas de la economía mundial, así como posibles áreas de cooperación. Ha recibido especial atención un posible aumento del crecimiento económico mundial superior a lo esperado, situación que no se había dado hace mucho tiempo.

En el 2009, el dólar de los Estados Unidos llegó a valer 8.3 quetzales. Si un empresario exportaba bienes por un valor de US$10 mil, recibía Q83 mil como pago por esas exportaciones. Ahora el dólar equivale a 7.3 quetzales. Si un empresario nuevamente exporta bienes por un valor de US$10 mil, solo recibe Q73 mil como pago de lo exportado. Recibe Q10 mil menos. Equivale a una pérdida de más del 10% del valor exportado previamente. Es el costo de un quetzal que vale cada vez más en relación con el dólar.

El populismo es un estilo de gobierno más que una ideología. Puede ser de derecha, centro o izquierda. Lo que busca es acercarse al hombre o mujer “de la calle”, con argumentos simples y promesas demagógicas que no se basan en diagnósticos serios. Es como una persona que engaña a los demás haciéndoles creer que es un médico sin serlo, y les vende medicinas y tratamientos sin haberles hecho un diagnóstico. Víctimas tempranas del populismo son la verdad y el acceso a la información, con lo cual también se termina por amenazar a las instituciones democráticas.

Numerosos observadores plantean la existencia de la polarización en Guatemala. Una manifestación de esta polarización habría sido la forma que asumió el debate sobre las reformas constitucionales del sistema de justicia. Muchos perciben que se enfrentaron dos grupos: uno de tendencia conservadora que no simpatizaba con estas reformas, especialmente las referidas a la justicia indígena; y otro grupo que sí las quería y que al mismo tiempo ha buscado favorecer procesos de cambio social.

En los últimos meses ha habido un creciente interés en tratar temas laborales. Dos hechos han generado este interés: el primero es la iniciativa de algunos sectores empresariales de avanzar con su agenda, y el segundo es el incumplimiento de una serie de compromisos asumidos por el Estado guatemalteco ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lamentablemente el interés de los trabajadores y de los que desean contar con empleo decente, que constituyen la gran mayoría de guatemaltecos, pareciera haber sido una consideración secundaria en toda esta actividad.

Las luchas sociales en Guatemala han buscado el respeto de los derechos humanos, mayor acceso a la tierra por parte de campesinos, la igualdad de los pueblos indígenas y de las mujeres, o el cumplimiento de las reivindicaciones laborales exigidas por los trabajadores. Estas luchas también han incluido la oposición de comunidades a la explotación depredadora de los recursos naturales, así como el combate de la corrupción, reivindicación apoyada por amplios y plurales grupos sociales. La exigencia del pluralismo jurídico es otra reivindicación apoyada por numerosas organizaciones sociales, así como la lucha por la justicia o el agua. Y abundan las demandas locales. Se trata de reivindicaciones ciudadanas diversas, con distinto signo ideológico y muchas veces con una larga historia.