Durante la última reunión anual del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, hace pocos días, los máximos representantes de gobiernos, trabajadores y empresarios del mundo tomaron una decisión que puede aprovecharse para impulsar el diálogo en Guatemala.  Se trata del respaldo a la creación e institucionalización, con el apoyo y acompañamiento técnico de la OIT, de una Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical.

La reforma política debe abrir el espacio para la reforma del Estado y para reformas de las políticas públicas.

La crisis política de los últimos meses ha contaminado el ámbito económico. Ha quedado en evidencia lo insuficiente que es repetir a coro que nuestra estabilidad macroeconómica es una maravilla. Ha demostrado que nuestra institucionalidad no funciona y que no se ha dado una transformación productiva capaz de generar inversión y empleo decente.

La intervención de la CIA en Guatemala, que en 1954 contribuyó a derrocar a Jacobo Arbenz, se dio en un contexto en que se había subestimado el poder que podía ejercer los Estados Unidos frente a un gobierno que lo desafiaba abiertamente. Guardando las distancias, ese tipo de mala lectura del contorno externo parece haberse agravado en el presente gobierno. El intento de expulsar al comisionado de la CICIG fue un reflejo de ello, a pesar de que la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos, se oponen a ello. El 28 de agosto el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, el republicano E. Royce, fue claro al urgir al presidente Morales a enmendar la plana, a respetar el dictamen de la Corte de Constitucionalidad, y a permitirle al actual comisionado que continuara con su importante trabajo de apoyo a las autoridades guatemaltecas que combatían la corrupción. Diversos pronunciamientos de miembros individuales del Congreso o Senado, incluyendo a Norma Torres, han sido contundentes.

Ya es hora de plantear nuevos paradigmas de desarrollo económico en Guatemala.

Instituciones políticas y económicas excluyentes, reflejadas en una seria crisis política, están afectando a la economía guatemalteca. Ha sido ampliamente divulgado el agudo retroceso del índice de confianza de la actividad económica que acaba de publicar el Banco de Guatemala. Las expectativas de inversión privada son negativas y la inversión pública no despega. Las exportaciones todavía crecen, con dificultad y casi por inercia, pero sólo las remesas aumentan de manera sostenida.

Se requiere pasar del escenario de deterioro generalizado a uno de renovación del régimen político.

“En estas condiciones no queremos elecciones” resultó ser una consigna correcta en 2015.  Las autoridades electas, Jimmy Morales y los diputados, no contribuyeron a resolver los problemas de inestabilidad y corrupción entonces puestos en evidencia.  Se requería una apertura democrática para que nuevas fuerzas políticas participaran en las elecciones y desplazaran del poder a la clase política tradicional.  Los entonces diputados no lo permitieron: su interés particular predominó sobre el interés nacional.

Los últimos acontecimientos resaltan la absoluta necesidad de renovar a la clase política nacional.

Para nadie es un secreto que la CICIG bajo la dirección de Iván Velásquez ha sido uno de los bastiones del fortalecimiento del sistema judicial frente al poder ejecutivo, ante el Congreso y de cara a otros poderes fácticos vinculados a actividades ilícitas.  Al declararlo non grato el presidente Morales ha erosionado nuestro régimen político, basado en la independencia del poder judicial.  Quedará por determinar las implicaciones del proceso iniciado en la Corte de Constitucionalidad, pero en la práctica lo decidido por el presidente comunica mucho.