Guatemala pasa por un momento fundamental para hacer las reformas necesarias para que el país pueda progresar, tanto como modelo democrático como en su desarrollo económico social y salir del estancamiento en el que se encuentra. De las reformas necesarias, tres le dan al Gobierno la posibilidad de promover la modernización: a. La reforma a la LEPP, que se ha venido discutiendo por los dos últimos años y que tuvo un proyecto de ley importante en el Congreso que fue aprobado, pero el presidente de la República no quiso sancionar, pues insistió en que le hacían falta más cambios. Habiendo convocado a la sociedad civil a un diálogo con el Ejecutivo, se ha elaborado una nueva propuesta que incluso eleva las características democráticas que necesita el proceso electoral, incluyendo la democratización de los partidos mismos, así como el empadronamiento automático al tramitar el DPI, que viene a resolver un gran vacío del padrón electoral en cuanto al subregistro de ciudadanos e igual participación de hombres, mujeres y comunidades indígenas. Un tema de mayor importancia es la creación de partidos distritales, pues viene a facilitar la participación ciudadana y la actividad política de todos, y es un fenómeno ampliamente reconocido en el mundo democrático. Es importante también consolidar la autoridad del TSE y que aunque no controle el padrón siga manteniendo su hegemonía como autoridad superior en todo lo relacionado con el proceso electoral y el quehacer político. b. La reforma a la Ley de Telecomunicaciones, pues esta adolece de graves debilidades y anacronismos. Para empezar, el órgano regulador de telecomunicaciones, o de servicios audiovisuales, que es la SIT, deberá ser absolutamente autónomo del Estado, con integración multisectorial y no como en la actualidad, que a pesar del nombre es realmente una dirección general del Ministerio de Comunicaciones, lo cual viola todos los principios internacionales de regulación de telecomunicaciones a escala internacional. En la actual coyuntura política del país, en la cual el MP y la Cicig han iniciado acciones penales contra el monopolio de la televisión y cadenas de radio conexas por apoyo ilícito al proceso electoral, es el momento oportuno para que la PGN busque la lesividad de los contratos de concesión de las licencias al monopolio, así como a cadenas radiales que dieron ese apoyo político ilegal, y esto genere el ambiente propicio para que el Congreso pueda emitir una nueva Ley de Telecomunicaciones o Servicios Audiovisuales, en la cual se pueda plasmar el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación, esencial para una sociedad democrática. Esto implicaría el reconocimiento de los medios comunitarios o medios indígenas de comunicación en igualdad de condiciones que los medios comerciales, así como el fortalecimiento de los medios públicos de comunicación para servicios educativos y sociales, incluyendo el canal de las lenguas mayas.

En Guatemala nos mantenemos en un estado de incertidumbre que es producto de la incertidumbre del Estado. Basta ver la crisis generada por la corrupción desmedida del gobierno del Partido Patriota, con la utilización de cuerpos ilegales a través de los que se aprovecharon del Estado y de sus recursos.

Después de la sanción presidencial a la ley que reforma la LEPP es importante mantener nuestra atención en el proceso de reformas que es de suma importancia: la reforma de fortalecimiento al Sistema de Justicia.

Estos últimos días estuvimos pendientes de que el presidente de la República decidiera sancionar la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que aprobó el Congreso de la República.

El 3 de mayo celebramos el Día Internacional por la Libertad de Expresión y de Prensa. Este evento tuvo connotaciones muy especiales, porque se da en el contexto de un incremento grave de violencia y acoso a periodistas y comunicadores sociales en todo el mundo, obviamente por la proliferación de conflictos armados en varias regiones, pero tristemente violencia y acoso que también se da en países que no se encuentran en conflicto armado y que habitualmente se considerarían democráticos. Esto se debe a múltiples causas: desde un alza en la delincuencia y crimen organizado hasta el aumento de regímenes autoritarios que quieren navegar con fachada democrática, pero que en el fondo reaccionan agresiva y represivamente ante la crítica pública, el periodismo investigativo y las denuncias de corrupción. Es muy significativo que en estos últimos años el número de periodistas asesinados en “países democráticos” ha aumentado considerablemente. Sin ir muy lejos, irónicamente el mismo 3 de mayo, en Honduras, se da un atentado contra el periodista Félix Molina, invitado a participar en el evento sobre Libertad de Prensa, Democracia y Ciudadanía, a realizarse en Guatemala el día 16 de mayo, en conmemoración del Día Internacional de Libertad de Prensa, hecho que condenamos enfáticamente.

En todo proceso de paz hay tres factores fundamentales que ayudan a determinar ese proceso y luego a consolidarlo y fortalecerlo. Estos son el diálogo, la verdad y la justicia, bases para entender las dimensiones y el grave daño humano que genera un conflicto y encontrar justicia para los responsables que permita recuperar la confianza en la institucionalidad del Estado.

El incidente ocurrido este fin de semana, en el que un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, de diferentes zonas indígenas del país que se han dedicado a dar conciertos de solidaridad utilizando la música como instrumento de expresión, nos hace pensar tristemente en un retorno a épocas pasadas que pensamos que ya se habían superado y en las cuales el imperio de la violencia era lo que prevalecía en el país.

En el mundo de hoy podríamos decir que existe una crisis en los organismos internacionales multilaterales que en cierto modo se debe a la gran variedad de opiniones que tienen los diferentes Estados que los integran sobre el espacio de decisión que tengan y cómo se relaciona eso con la soberanía inherente a cada Estado. Este es un balance difícil, pues muchas veces queremos privilegiar temas de interés universal y que afectan al planeta pero al mismo tiempo queremos fortalecer la legislación interna de cada Estado, los mecanismos de justicia y sus políticas públicas.

En la Semana Santa vale la pena recordar lo fundamental del mensaje de Jesús para todos nosotros los creyentes, y en este sentido me trae a la memoria una reflexión que hacíamos con Leonardo Boff durante su última visita a Guatemala, en la que mencionaba un trabajo suyo denominado “el mínimo de mínimos”. En esta reflexión, Boff nos decía que el planteamiento más fundamental de la FE cristiana lo sacaba de dos temas de lo que era innegablemente un pasaje histórico textual de Jesús contenido en la oración que nos trasladó del “Padre Nuestro”. Boff dice “El inicio de la oración se puede dividir en el reconocimiento de la existencia de un Dios único al que se le identifica como Padre, que existe en forma real y por consiguiente se le encuentra en el cielo y en todas partes. Lo segundo es que a Dios se le identifica como alguien cercano a nosotros, del cual todos derivamos y compartimos su existencia; por consiguiente, somos parte de Él y es en esa cercanía y familiaridad que se le identifica como Padre. El primer llamado es a vincularnos más en esa relación de afecto que se convierte también en alabanza con el “santificado sea tu nombre”.

En el tema de libertad de expresión siempre se plantea que estamos ejercitando dos derechos: el de libertad de pensamiento y opinión, y el de libertad de expresión. Estos tienen diferentes características: la libertad de pensamiento y opinión es un derecho absoluto, sin limitaciones, mientras que la libertad de expresión sí puede tener limitaciones en función de proteger en casos extremos cuando se afectan los derechos de otros, limitaciones que están establecidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el entendido que son excepcionales y de que la norma general es permitir la más amplia libertad. Las limitaciones deben pasar por un examen de tres reglas: a) que las limitaciones sean establecidas por una ley legítima y congruente con la doctrina de Derechos Humanos; b) deben ser necesarias para proteger los derechos; y c) deben ser usadas proporcionalmente a la necesidad de protección de esos derechos.