Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la UFM; LLM por la Georgetown University. Abogado. Ha sido profesor universitario en Guatemala y en el extranjero, y periodista de opinión.
La inmensa mayoría piensa que el descalabro vial y portuario es un problema de administraciones incompetentes. No es así. Es un problema de disfunción institucional y de justicia.
Las reglas constitucionales para designar magistrados no propician la independencia judicial. Por eso, políticos y grupos de interés capturan el proceso.
En países con instituciones débiles el dilema entre un “mercado imperfecto” y una alternativa estatista o regulatoria debe ser ponderado cuidadosamente.
<strong>La comisión de infracciones o las conductas imprudentes o negligentes no necesariamente constituyen un delito y no conviene entender lo contrario.</strong>
Un ciudadano que puede abrir la boca para decir lo que le plazca de cualquier actuación de sus gobernantes sin temor a represalias ejerce su ciudadanía con tranquilidad.
