El 2025 podría ser el año en que se ratifique Convención de la ONU contra el Delito Cibernético, que busca penar el abuso sexual infantil, el fraude en línea y el lavado de dinero, entre otros temas.

<strong>Autoridades no tienen tecnología para rastrear trazabilidad de transacciones, advierten expertos y autoridades y recomiendan retomar debate sobre si procede reglamentar actividad.</strong>

Expertos recomiendan una revisión más profunda en cuanto a la parte jurídica de la Ley de Ciberseguridad, para que sea más concreta, pues hay verbos que no están bien definidos y, en la práctica litigante, pueden convertirse en vacíos legales o reiterarse con lo establecido.

Tener acceso a recursos técnicos y financieros si el país es blanco de los ciberdelincuentes es el principal argumento de los promotores para adherir al país. El plazo límite es abril de 2025.

Sectores de sociedad civil y expertos reconocen necesidad de normar ciberdelincuencia sin que proceso implique vulnerar libertad de expresión.

En un escenario en que se apruebe la ley contra la ciberdelincuencia en Guatemala, el reglamento debe definir presupuesto para infraestructura y recurso humano especializado.

Técnicos expertos confirman que la estructura mínima para un departamento de ciberseguridad en el Estado incluye investigación y análisis forense de las evidencias cibernéticas.

Pese a la necesidad de una regulación de ciberdelincuencia en Guatemala, expertos demandan a diputados una discusión abierta con los sectores y garantizar la protección de datos personales y empresariales.

Tres países en Centroamérica ya avanzaron en la iniciativa para bajar su cobro en tasas aeroportuarias, mientras que en Guatemala hay apertura de parte de aerolíneas en que avance la iniciativa.

Contratista está listo para iniciar movimientos de tierra en proyecto que busca conectar las zonas 1, 2 y 6 con la 18 y la 17, y ser una salida alterna al Atlántico.