Cinco meses después de concluídos los trabajos de reparación, de nuevo se abrió un hoyo en la calzada Roosevelt.

Los guatemaltecos, aunque conscientes de los beneficios de una buena nutrición, siguen consumiendo de manera más frecuente la comida chatarra, anteponiendo una gaseosa o una golosina a las frutas y verduras, aun cuando las familias tienen recursos limitados, concluye un estudio de factores socioculturales que comprometen la seguridad alimentaria y nutricional en el país.

Dos años después del anuncio y protestas fallidas, las escuelas normales de todo el país despiden a la última promoción de maestros y gradúan al primer grupo de bachilleres en Educación, todavía sin la convicción plena de que el cambio pueda mejorar la calidad educativa, como se propuso el proyecto.

Aunque el presupuesto del Ministerio de Educación (Mineduc) es el más grande del Estado, con más de Q11 mil millones este año, los recursos no han sido suficientes para ampliar la cobertura educativa, lo que ha originado que cinco de cada 10 guatemaltecos en edad escolar se queden sin la posibilidad de asistir a la escuela.

Organizaciones sindicales y campesinas criticaron con dureza a dos diputados de izquierda que votaron a favor de la polémica Ley de Obtención de Vegetales, por considerar que estos, a diferencia de los otros 80, a quienes también cuestionaron, están más identificados para defender a los sectores populares.

A dos meses de que se gradúe la primera promoción de bachilleres con Orientación en Educación, la Universidad de San Carlos (Usac) aún no ha definido con el Ministerio de Educación (Mineduc) el perfil de egreso de los profesores y el pensum de las nuevas  carreras.

En los últimos cuatro años, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha denunciado irregularidades en el manejo de Q5 mil 280.8 millones del erario, monto que se considera perdido porque los casos no avanzan en el Ministerio Público (MP), por falta de seguimiento, investigación y carencia de juzgados especializados para emitir sentencia. 

La adjudicación del servicio de seguridad para las 348 sedes del Registro Nacional de las Personas (Renap), por dos años y   a un costo de Q53.4 millones, ha levantado suspicacias, por la división que el evento desató en su Directorio, pues dos  integrantes apoyaron la contratación, pese a objeciones de empresas perdedoras; uno la rechazó y dos suplentes razonaron su voto.

Con el objetivo de crear una unidad especializada e interinstitucional que garantice los derechos humanos de los menores que viajan a EE. UU. y que  en el Código Penal  se reconozca como delito el "coyotaje", ayer se presentó al Congreso la iniciativa de ley de protección a la niñez y adolescencia migrante no acompañada y el combate del tráfico ilícito de migrantes.

La iniciativa 4644, ley de inversión y empleo, se aleja cada vez más de la agenda política y el interés de las distintas bancadas, luego de casi 20 meses de haberse presentado en el Congreso, lo que hace difícil su aprobación durante este año.