Edín Coy, de los Bomberos Voluntarios, dijo que la víctima estaba atada de pies y manos, que tenía cubierta la cabeza con una bolsa plástica y que presentaba una herida cortante en el abdomen.
La identificación de la víctima fue posible gracias a que a un costado del cuerpo fue localizado un carnet con sus datos.
Se sabe que Ajiataz era estudiante de la Facultad de Derecho de una universidad.
Las autoridades tratan de establecer si la muerte de Ajiataz está relacionada con su trabajo en la Fiscalía.
La Fiscalía Liquidadora fue inaugurada el 12 de diciembre del año pasado por la fiscal general Thelma Aldana, y el objetivo es darle trámite a expedientes que datan del 2008 hacia atrás.
Otro caso
El 24 de mayo del 2011 apareció mutilado el cuerpo del auxiliar fiscal Allan Stowlinsky Vidaurre, quien fue secuestrado en Cobán, Alta Verapaz, por individuos que se desplazaban en un vehículo celeste.
El cadáver estaba distribuido en cinco bolsas: cuatro, con las extremidades y el torso, fueron abandonadas frente al edificio de la Gobernación Departamental de Cobán, y una, con la cabeza, en el mercado del mismo lugar.
Autoridades de la Fiscalía Distrital de Alta Verapaz, identificaron el cuerpo mutilado como el del auxiliar fiscal. “Lamentablemente debo informar que es nuestro compañero Allan. La causa es el trabajo; hay un letrero que se atribuye a la organización Z 200, por lo que es relacionado con el trabajo que desempeñaba”, comentó un fiscal en ese entonces.
El último de varios casos
Claudia Paz y Paz, quien se desempeñaba como fiscal general, dijo en esa oportunidad que el secuestro y posterior asesinato de Vidaurre es la última de una serie de acciones que persigue amedrentarlos.
Recordó que Stowlinsky participó hace en la investigación de un infiltrado que en apariencia tenía nexos con un grupo ligado al narcotráfico, y la incautación de 432 kilos de droga, en marzo de ese año.
Representantes de organismos internacionales y de organizaciones pro derechos humanos condenaron el asesinato del auxiliar fiscal.
Condenas
Por el crimen contra el fiscal Allan Stowlinski Vidaurre, en Alta Verapaz, fueron condenados a 97 años de cárcel Salvador Argüelles Briones, Lauro Zavaleta y José Antonio Guzmán, quienes fueron encontrados responsables de asociación ilícita, asesinato, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de municiones, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y tenencia ilegal de armas hechizas.
