La amonestación que hace el Gobierno de los Estados Unidos a uno de los funcionarios más importantes de Guatemala no se debe tomar a la ligera, según la lectura inicial de Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo.
Sobre todo por la relación binacional que ha tenido históricamente Guatemala con los Estados Unidos, país norteamericano que está al pendiente de todo lo que ocurre en su frontera sur, que incluye a México y la región centroamericana.
Entre los temas que preocupan a Estados Unidos y que vinculan a Guatemala son el constante flujo migratorio, la debilidad en materia de seguridad que permite el trasiego de drogas y la alta percepción ciudadana que ve a nuestro país como una nación infestada en la corrupción.
“Es profundamente preocupante porque Estados Unidos es nuestro principal aliado estratégico comercialmente y en términos diplomáticos en general, es a final nuestro referente en la geopolítica mundial. Al final Estados Unidos es el país de los valores de la democracia y el estado de Derecho, entonces que venga de ellos un señalamiento de este tipo a un alto funcionario es sumamente preocupante y una imagen negativa para el país, sin duda”, señaló.
La sanción que hace el Departamento de Estados a criterio de Ortiz tendrá consecuencias negativas para el país, que pasa desde una visión negativa para eventuales inversionistas hasta un mayor retiro en la cooperación en materia migratoria.
“Estados Unidos ha definido la problemática de la migración en términos de gobernanza, no de ahora sino desde hace unos años pero la administración actual ha sido más enfática, hay muchos programas que anunciaron con la visita de su vicepresidenta que apuntaba a la dirección del cumplimiento de la ley como la Fuerza de Tarea Alpha, la pregunta es si después de un señalamiento de este tipo Estados Unidos va a mantener la misma cooperación”, señala el analista.
El inestable escenario que se visualiza tras la calificación que Estados Unidos hace de corrupta a la Fiscal General tan solo queda más frágil tras la abrupta reacción del presidente Alejandro Giammattei, a criterio de Ortiz el presidente debió utilizar otros mecanismos, más a la altura de su cargo para emitir una posición.
“Sorprende mucho que él asuma como propio un problema que no es propio, que él asuma como suyo algo que no era de él, eso es el error más grande de su comunicación. En todo caso si es su posición la que el presidente anuncia en todo caso hubiese sido mejor ventilarla por la vía diplomática, hay canales adecuados para que él hubiese manifestado ese tipo de inconformidades porque Estados Unidos es nuestro principal aliado”, expuso Ortiz.
Giammattei no tendría que tener estos arrebatos ante una decisión que tiene fundamento jurídico y de hecho para los Estados Unidos, país que prácticamente está sosteniendo el proceso de vacunación de Guatemala, por lo que las acciones del presidente tendrían que tener una mayor mesura, según Ortiz.
“A Estados Unidos le debemos prácticamente la vacunación de Guatemala y no hay ninguna razón para que un presidente en estos momentos confronte una decisión de un alto funcionario de los Estados Unidos, porque esa decisión viene de la Casa Blanca, viene del Departamento de Estado, entonces me parece una decisión incorrecta”, concluyó.
En contra
Quien no comparte la inclusión de la Fiscal General y su secretario a la lista Engel es la Fundación Contra el Terrorismo, quien contrario a Ortiz, considera que se trata de un señalamiento sin fundamentos, espurio y que carece de legitimidad.
El abogado Raúl Falla, integrante de la Fundación y que meses atrás también recibió la misma inclusión al listado Engel, considera que esta declaración del Departamento de Estado obedece únicamente a presiones de índole política e ideológica.
Afirmando que las dos nuevas menciones a la lista de personajes supuestamente corruptos, Porras y Pineda, no mantienen ningún proceso judicial abierto que haga mención a esas supuestas conductas contrarios al estado de Derecho y a la justicia.
Su lectura identifica que todo se debe a una respuesta que tomó el Departamento de Estado por las acciones jurídicas que recientemente se dieron a conocer contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval.
“No hay ninguna base jurídica para incluir en una lista de este tipo a dos personas que han venido a desarrollar un trabajo objetivo e imparcial, entendemos el aspecto político e ideológico de esa lista que viene por la orden de separación del cargo que emitió hace unos meses la Fiscal General, y ahora también por la orden de captura emitida al exfiscal Juan Francisco Sandoval por estar involucrado en hechos de corrupción”, señaló Falla.
Él tiene la percepción que esto no afectará en nada a Guatemala, sobretodo porque Estados Unidos ya había retirado tiempo atrás la cooperación con el Ministerio Público, lo que hizo que su actual Fiscal General buscará apoyo de otros países cooperantes.
“No va a afectar el funcionamiento del MP, cuenta como institución autónoma con un presupuesto propio y ya se hizo gestión con otros países, por ejemplo con Israel, para que nos puedan brindar asistencia económica, asistencia de capacitación para fiscales, equipo de cómputo. La única objeción sería la pérdida de apoyo económico pero vemos que el MP no ha sido afectado, incluso ha ido creando más fiscalías en el interior de la república”, señaló el abogado.
Los constantes mensajes de Estados Unidos, a su criterio de Falla, tan solo buscan frenar las acciones de actores nacionales que están trabajando a favor de una nación justa, que no haga de la justicia una herramienta de carácter política.
“Es para tratar de intimidar a jueces, a personas de la sociedad civil para que ya no sigamos con una lucha de rescate institucional, estamos seguros que la Fiscal General y el secretario no se van a amilanar para continuar con la lucha desde el Ministerio Público para que haya un verdadero estado de Derecho, sin persecución penal sin fundamento legal ni probatorio”, enfatizó.
Incluso él es de la opinión que la postura del presidente tendría que ir más lejos que tan solo unos mensajes en las redes sociales, considera que lo prudente es denunciar ante instancias internacionales las calificaciones sin fundamentos que hace el Departamento de Estado, que asegura tan solo vulneran la soberanía nacional.
“Yo creo que si debe de haber una queja mucho mayor que se deberá de presentar no solo en Washington, no solo ante el Departamento de Estado, sino también acudir a la convención internacional de Viena con el objeto de denunciar para tener una mesa de diálogo para frenar ya estas prácticas ilegales que están cometiendo solo para amedrentar a jueces y fiscales”, refirió.
