A criterio de Karin Slowing, experta en gestión pública e integrante de Laboratorio de Datos, institución que ha dado seguimiento al paso de la pandemia desde que el virus ingresó a Guatemala en marzo de 2020, la ley permitirá solucionar algunos de los problemas que está dejando el virus, pero destacó como primer error lo tarde en que los diputados acordaron la ley que reúne algunas de las recomendaciones de entidades fiscalizadoras y médicos del país.
Señaló que la propuesta, recién acordada por los Jefes de Bloque del Congreso llegó año y medio tarde, pero considera que ahora los congresistas tienen que pensar en otras herramientas legales que complementen esta normativa.
Temen corrupción
Con la ley en discusión una de las principales debilidades que saltan a la luz, a criterio de Slowing, es que no habrá un acceso libre a todos los procesos de compra, si bien la normativa estipula que se suban documentos al portal electrónico Guatecompras, la herramienta podría ser burlada.
“No se autorizó la habilitación de acceso público a todo el modulo que va a gestionar las compras específicas de emergencia especificadas en esta ley, sino se está planteando que todo se vea en Guatecompras, ustedes saben que este portal es una herramienta muy útil pero es muy fácil disfrazar ahí cosas, creo que esta herramienta de seguimiento debería de ser de acceso público”, expuso la experta.
La ley de emergencia sanitaria tendrá un plazo de vida de tres meses, es decir hasta que finalice el año, ese corto tiempo que es vital para la respuesta sanitaria podría ser un riesgo en materia de corrupción, señaló Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC).
“Yo creo que hay alto riesgos de corrupción en el gasto público con esta ley porque en estos tres meses los mecanismos de gastos y compras deben de ser muy exprés, los mecanismos de transparencia van a estar en cierta medida limitados y seguramente ya habrá proveedores con quienes ya se tiene un acuerdo, tomando en cuenta como ha actuado el Gobierno en los últimos meses”, puntualizó.
Los expertos coinciden en algunas observaciones que también tiene la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo (Atal), institución que considera oportuno que todas los convenios que se deban de firmar, a partir del nacimiento de la ley, contengan clausulas que garanticen la transparencia.
Así mismo Atal opina que esta normativa no soluciona todo el problema que está dejando la pandemia en Guatemala, “la iniciativa es valiosa y oportuna, ante la urgencia que atraviesa el sistema de salud guatemalteco; sin embargo, aún es necesario ajustar la normativa complementaria que corresponda y generar la institucionalidad suficiente para atender emergencias en el futuro”, cita un comunicado de Atal.
Punto que también destacó Slowing: “Mi mayor preocupación es que esto es un parche para la emergencia, para que no se ‘desangre’ el sistema de salud y las personas pero no está resolviendo de fondo. Esto debería de ser el primer paso de un proceso mucho más fuerte que debe de amarrarse con el presupuesto 2022, porque se debe de pensar que la pandemia va a seguir y con ese escenario hay que trabajar”.
En el mismo sentido opinó Cux, quien considera que aunque la ley venga a dar un refuerzo a la red hospitalaria, aun hacen falta mecanismos para dar una respuesta de fondo.
Añadió también que ve débil que sea solo la Contraloría General de Cuentas (CGC) quien se encargue de auditar los fondos que se darán al Ministerio de Salud, principalmente porque no tienen buenos antecedentes de referencia.
“Los mecanismos de transparencia son muy débiles, se incluye a la CGC para que entre a auditar este presupuesto, pero también conocemos que la CGC no ha tenido ni la fuerza ni la voluntad política para hacer esas averiguaciones del gasto público, el año pasado fueron casi Q30 mil millones lo que se ejecutó y no vemos acciones contundentes”, refirió.
