Tiene sentido cierta hipótesis acerca de que los mismos politiqueros han enrarecido deliberadamente el ambiente para la actividad partidaria seria, porque con ello contaminan adrede la posibilidad de planes de diálogo sostenido, coherente y constructivo, a fin de evitar que personas decentes, productivas e íntegras se sumen al servicio público y a la reconstrucción de un Estado funcional, auditable y con canales de comunicación bidireccional con la ciudadanía. Ojo, que no nos referimos a ficciones netcenteras, a corifeos pagados o propagandas goebbelianas, sino a una interacción digna de los conceptos de nación y ciudadanía.

Teóricamente, los partidos políticos tienen la función de ser intermediarios entre la comunidad nacional y la administración estatal. Teóricamente, las organizaciones políticas se rigen por principios ideológicos coherentes con la democracia y el estado de Derecho. Teóricamente, es decir, sobre la letra de la ley y el diseño constitucional guatemalteco, los políticos plantean propuestas, planes y argumentos ontológicamente fundados para contribuir al progreso del país.

Desafortunadamente, los partidos políticos, que deberían ser entidades de servicio público, siguen respondiendo a intereses de reducidos sectores, de camarillas de financistas y hasta de egos desfasados. En lugar de promover el intercambio de ideas, propugnan por visiones dogmáticas, fomentan polarizaciones estériles y negocian apoyos con precio para agendas ajenas al bien común.

En Guatemala no fue suficiente romper con el ciclo de elegir al perdedor de la elección anterior ni es suficiente elegir a una persona que “parezca” ajena a la política. En realidad, nadie, individualmente, puede plantear un cambio si no está acompañado de un equipo de trabajo guiado por la excelencia, y no por la vieja amistad o por filiaciones partidosas. La mejor y más triste prueba de ello es la gestión actual, cuya realidad fue desnudada por la pandemia mucho antes del natural desgaste del tercer o cuarto año, pero sin que exista una oposición coherente, madura y propositiva, lo cual anticipa un pobre debate para el 2022.

La esperada reforma del aparato político sigue incompleta y sin visos de ser concluida de manera visionaria, al menos por ahora. Aun así, con las normas vigentes, podría ser factible una depuración; sin embargo, ello está en manos del Tribunal Supremo Electoral, dirigido por un conjunto de magistrados entre los cuales ninguno ha tenido la dignidad de alzar la voz en contra de ser dirigidos por un doctor cuyo título ha sido desmentido o en contra del retraso en la cancelación de partidos vinculados con fondos ilícitos.

Pero en el centro de todo se encuentra una ciudadanía que podría organizarse para firmar memoriales, para llamar a sus diputados o a los magistrados electorales, que podría demandar una acción integral por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales, para que en el proceso electoral que a estas alturas ya habrá elegido una nueva administración dentro de dos años, se reduzca la posibilidad de repetición de más fiascos que solo traen más subdesarrollo, más desnutrición, más corrupción y más retraso en la competitividad. El ciudadano tiene la inteligencia y la capacidad de participar más allá de un voto, a fin de aportar su talento, su experiencia profesional y sobre todo su integridad en favor de las futuras generaciones.