Se menciona con frecuencia que Guatemala carece de certeza jurídica y que este hecho incide negativamente en el potencial de crecimiento económico y desarrollo social. La debacle en torno al estado de Calamidad decretado por el Organismo Ejecutivo es un caso más en el que no es posible determinar con precisión el grado de legalidad con el que pueden interpretarse las acciones de los diferentes actores institucionales. Puede hacerse un examen circunstancial del acuerdo con el Organismo Ejecutivo que fue enviado al Congreso para su aprobación o improbación, en el contexto de la Constitución y las leyes vigentes en el país, con la esperanza de que este ejercicio ofrezca alguna conclusión definitiva, pero esto resulta en mera opinión.

Declaraciones orales y artículos escritos por diferentes letrados en la materia, eminencias jurídicas, ofrecen interpretaciones que se contradicen; cada una de ellas afirma interpretar la letra de la ley. Como es costumbre, la Corte de Constitucionalidad otorga o deniega un amparo para esclarecer en forma definitiva e imponer orden jurídico, objetivo que logra a medias, por la creencia generalizada de que esta corte falla por conveniencia y no necesariamente en apego a la ley. En Guatemala, la ley es solo una sugerencia, cuestión de opinión.

Es necesario ver la declaración del estado de Calamidad con escepticismo, ya que es inaceptable afirmar que este instrumento tenga alguna consecuencia real o efectiva para mitigar los efectos de la pandemia del covid sobre la población. A estas alturas de la emergencia, es difícil ver un propósito sano en la suspensión de garantías ciudadanas, imponer toque de queda y la ampliación de poderes discrecionales. Abunda el murmullo y aflora el humor chapín. Se habla de fines ulteriores, intenciones ocultas y objetivos oscuros, como la facilitación de compras y negocios que esta medida ofrece a funcionarios de gobierno.

Circula en redes una caricatura que muestra la figura icónica de la dama de la justicia ciega, con la balanza en una mano, una espada en la otra y los ojos vendados, mostrando una prominente barriga de embarazo. Una locataria pregunta “¿De quién es el niño?” A lo que otra responde “vaya a saber, si aquí todo el mundo la viola”.

El Congreso abordó el tema de manera vergonzosa y al final lo improbó. La idea abstracta que se tiene sobre esta importantísima institución, como un cuerpo colegiado de personas electas para conocer y debatir de manera razonada asuntos legislativos para promover el bienestar social, queda desenmascarada, una vez más. En el ejercicio de conocer esta u otra iniciativa de ley, los diputados, con pocas excepciones, no serán persuadidos por elocuentes argumentos, superioridad de razón, evidencia histórica o presentación de datos, para emitir su voto. Estos elementos son irrelevantes y están ausentes; en su lugar impera la transacción de intereses y la conveniencia política. Es trance, no deliberación. Los diputados se presentan o ausentan del hemiciclo y votan de acuerdo con directrices recibidas, no por el mérito de la propuesta o ejercicio de razonamiento sereno.

Como música de fondo a este drama, grupos organizados realizan actividades y maniobras para sacudir la institucionalidad. Sube de tono y volumen. Son pocos y tienen escasa representatividad; en un futuro no muy lejano quizás podrían capitalizar sus aspiraciones, ya que la gente está hastiada. Permea la sensación de que cuando a la élite política le llegue su sábado, será porque lo tiene más que merecido. El problema es que no se sabe cómo será la salida del otro lado del túnel.