Los talibanes tomaron el poder en Afganistán tras la huida del presidente Ashraf Ghani y la caída de Kabul, el 16 de agosto. Hoy temen por sus vidas miles de afganos; intentan huir del país porque su oposición al movimiento talibán es pública. Nos perturba la trágica escena de los afganos corriendo alrededor del avión militar C-17, y de cuerpos colgando de sus alas, motores y llantas. Dicha imagen es un resumen visual del choque entre la cultura occidental y la no occidental: nos fuerza a formular preguntas difíciles de contestar.

El movimiento talibán encarna lo que Occidente no es. Desde que luchaban por librarse de la ocupación soviética de su país ofrecían convertir a Afganistán en un estado islámico puro, según su singular interpretación de dicha religión. Durante su mandato anterior (1996-2001), hicieron valer la ley sharia brutalmente y persiguieron a musulmanes menos radicales. Prohibieron las actividades artísticas y musicales. Propiciaron una hambruna artificial. Denegaron ayudas internacionales; para ellos, globalización es sinónimo de gestas de mártires que islamizarán al mundo. Se rebelan contra la modernidad y literalmente esclavizan a la mujer. Reclaman el derecho a autogobernarse conforme a sus creencias, pero se impondrán a la fuerza sobre una mayoría de sus compatriotas. Encuestas levantadas a lo largo de décadas revelan que los afganos quieren estabilidad, crecimiento económico y derechos para la mujer, aunque, al mismo tiempo, expresaban dudas sobre la democracia y los resultados cosechados por las administraciones de Karzai (2004-2014) y Ghani (2014-2021).

En realidad, Afganistán dista mucho de ser una economía libre o una democracia funcional. Ocupa el lugar 146 de 178 países en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage del 2021. Afganistán carece de estado de Derecho, los derechos de propiedad son precarios y las regulaciones para emprender son onerosas. La constante inseguridad provocada por la insurgencia talibán ha entorpecido la actividad económica. El reportero Ezzatullah Mehrdad sentencia que “Washington prometió traer la democracia liberal a Kabul. En su lugar, creó un hinchado e inefectivo sector de ONG artificiales”. En 20 años, el gobierno de Estados Unidos erogó más de US$2 billones en la guerra en Afganistán, o el equivalente a US$50,000 por cada uno de los 40 millones de afganos, reporta Forbes. Salieron perdedores.

Al confrontar estas verdades se desatan cataratas de preguntas. ¿Pueden las naciones poderosas, o las organizaciones internacionales, como Estados Unidos, Europa, la OTAN o la ONU imponer instituciones “occidentales” a sociedades tribales, rezagadas o dominadas por ideologías contrarias? ¿Cuánto dinero habría que invertir en tales aventuras para que fructifiquen? ¿Hay pueblos condenados a vivir bajo dictaduras y totalitarismos? ¿Existen seres humanos incapaces de vivir en sistemas políticos abiertos y democráticos? ¿Podemos replicar ese encuentro histórico entre la tradición grecorromana, judía y cristiana que desencadenó Occidente? ¿Son valores exclusivamente occidentales la libertad política, económica y religiosa? ¿Existe tal cosa como derechos humanos universales? ¿Podemos convivir pacíficamente los occidentales y los no occidentales, y en qué condiciones? Por ejemplo, ¿puede Europa asimilar a sus poblaciones musulmanas con tendencias radicales? Y, ¿qué efecto tiene el abandono o rechazo en Occidente de los valores que cimientan su propia civilización? ¿Cómo enfrenta esta amenaza un Occidente descreído, agotado y moralmente relativista?

Los damnificados por los sucesos recientes en Afganistán nos deben impeler a dar respuestas serenas y veraces a estas interrogantes.