Las sanciones son una represalia por la detención en Nicaragua de al menos 32 líderes y dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia, desde el 28 de mayo pasado, en el marco del proceso electoral, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.
El objetivo también es responder al arresto de estudiantes, líderes empresariales, periodistas y defensores de los derechos humanos en Nicaragua durante los últimos meses.
“Con la acción de hoy, estamos dejando claro nuestro compromiso en promover la rendición de cuentas de todos los cómplices del asalto a la democracia del Gobierno de Ortega-Murillo. No son bienvenidos en Estados Unidos”, destacó Price en su comunicado, emitido el viernes por la noche.
Las de hoy son las últimas sanciones que ha impuesto Washington a Nicaragua desde que unas protestas sacudieran al país centroamericano en 2018, una crisis que dejó cientos de presos, muertos o desaparecidos, así como más de 103.000 personas en el exilio, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ejemplo, el 6 de agosto, Washington anunció restricciones de visado que afectan a 50 familiares tanto de legisladores sandinistas como de fiscales y jueces de Nicaragua.
También revocó en julio los visados que pudieran tener 100 miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento), así como a fiscales, jueces y otros profesionales del sistema judicial nicaragüense, por su presunto papel en la erosión de la democracia en el país.
Ortega, un exguerrillero sandinista que retornó al poder en 2007, busca en las elecciones de noviembre la reelección por cinco años más.
El mandatario, próximo a cumplir 76 años y que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de “criminales”.
