A lo largo del siglo pasado, dos momentos que transformaron a Estados Unidos y lo posicionaron como líder económico mundial fueron el auge económico posterior a la Segunda Guerra Mundial y la revolución informática de la década de 1990. En ambos casos, Estados Unidos derribó muchas formas de discriminación y otras barreras para aprovechar el talento de los grupos marginados del país y acoger a otros nuevos, inyectándole vitalidad demográfica a la economía.

Para continuar la trayectoria ascendente de Estados Unidos en el siglo XXI, el país debe dar marcha atrás a su declive demográfico actual. Como lo informó la Oficina del Censo la semana pasada, en la última década, la población estadounidense creció al segundo ritmo más lento desde que el gobierno empezó a llevar ese registro en 1790, y el más lento desde la década de 1930.

La salida más rápida podría ser que el gobierno federal renunciara a su monopolio sobre la inmigración y les permitiera a los estados traer a trabajadores de cualquier parte del mundo, en función de sus necesidades laborales, sin estar sujetos a cuotas federales. La preocupación creciente es que Estados Unidos se enfrente a una crisis demográfica. La tasa de fertilidad de Estados Unidos, que había resistido a la tendencia de baja fertilidad de Europa durante el último siglo, ahora se sitúa en torno a 1,73 hijos por mujer, aproximadamente a la par que la de Dinamarca y el Reino Unido.

La disminución del crecimiento demográfico debido a la reducción de las tasas de fertilidad significa, por definición, que la proporción entre jóvenes y ancianos disminuye, lo que no es una fórmula efectiva para una economía dinámica ni para un país competitivo. La disposición de los trabajadores jóvenes a tomar riesgos y experimentar los convierte en el motor del capitalismo. También son más móviles: pueden trasladarse adonde sean más productivos.

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Eso es lo que Estados Unidos tenía en abundancia después de la Segunda Guerra Mundial. El economista Vernon Smith, ganador del premio Nobel, señala que la mano de obra estadounidense previa a la guerra era bastante inactiva. Sin embargo, los dieciséis millones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial que regresaron, después de haber viajado a tierras extranjeras, no se amedrentaron a la hora de desplazarse dentro de su propio país en busca de trabajo.

Jóvenes como Smith (que trabajó en una fábrica de Boeing en Wichita, Kansas, desde los 16 hasta los 18 años) entraron a la fuerza laboral y adquirieron valiosas habilidades y experiencia en la economía de la posguerra. Al mismo tiempo, el debilitamiento de las normas sociales contra las mujeres trabajadoras, incluso las casadas, aumentó la participación laboral femenina un 50 por ciento entre 1940 y 1945. La escasez de hombres también abrió oportunidades para los trabajadores negros, ayudando a desencadenar la Segunda Gran Migración desde el sur del país.

Algunas de estas barreras se levantaron de nuevo después de la guerra para dar cabida a los veteranos que regresaban. Aun así, hubo ganancias: después de la generación de la Segunda Guerra Mundial, la generación del “baby boom”, junto con su progenie, mantuvo la fuerza de trabajo estadounidense en funcionamiento hasta la década de 1980.

Las semillas de la revolución informática de la década de 1990 se plantaron en la década de 1960. Esa época de activismo por los derechos civiles al menos desmanteló muchas barreras formales que impedían una sólida participación de las personas negras en la economía. Además, eliminó la Ley Johnson-Reed de 1924, que había bloqueado el talento extranjero. Esa ley no solo había recortado las tasas de inmigración en general, sino que había impuesto cuotas de origen nacional expresamente diseñadas para mantener la composición étnica de Europa Occidental en Estados Unidos y desalentar la inmigración de Europa del Este y Asia. Su finalización en 1965 dio lugar a la entrada en el paísde 58,5 millones de inmigrantes en los 50 años siguientes, incluyendo casi 25 millones de asiáticos. Muchos eran profesionales de la alta tecnología procedentes de China e India.

Sus innovaciones y su espíritu empresarial ayudaron a impulsar la revolución informática que transformó el mundo. Según un estudio de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense, un organismo de carácter no partidista, más de la mitad de las 91 empresas emergentes que se convirtieron en empresas valuadas en 1000 millones de dólares tenían uno o más fundadores inmigrantes. Igualmente, la organización Partnership for a New American Economy descubrió que más del 40 por ciento de las empresas de la lista Fortune 500 de 2010 habían sido fundadas por inmigrantes o sus hijos.

Entonces, ¿cuál es la cura para la vitalidad demográfica en declive de Estados Unidos?

Una nueva generación como la del “baby boom” sería muy difícil de producir en un mundo donde es fácil tener un buen control de la natalidad. En promedio, las mujeres dicen que quieren 2,5 hijos. No obstante, devolver a Estados Unidos a un nivel de remplazo de tan solo 2.1 mediante incentivos monetarios sería “exageradamente costoso”, como lo concluyó Lyman Stone del American Enterprise Institute tras examinar los resultados de esas políticas en Europa y otros países.

En cambio, Estados Unidos podría seguir el ejemplo de Canadá. Su política de inmigración está expresamente pensada para compensar el envejecimiento de su población y las bajas tasas de natalidad. La inmigración en Canadá representa el 0,9 por ciento de su población, o sea, tres veces la tasa per cápita de Estados Unidos.

Ha recibido a los inmigrantes de una manera ingeniosa. En 1998, Canadá puso en marcha su Programa de Nominación Provincial, que otorga a la mayoría de las provincias una cuota de inmigrantes, con base en su población, para que patrocinen a los individuos que consideren oportunos (además de los que acoge el gobierno federal en Ottawa). Las provincias establecen criterios en función de sus necesidades de mano de obra, y pueden auspiciar a inmigrantes de cualquier parte del mundo para que obtengan la residencia permanente, siempre que aprueben un control básico de antecedentes y salud. (El gobierno federal tiene la última palabra).

El tiempo promedio de tramitación de este programa es de casi dieciocho meses. En Estados Unidos, en cambio, muchos inmigrantes no especializados con visados de trabajo no tienen acceso a la residencia, y los inmigrantes altamente especializados con visados H-1B esperan años, y en el caso de los indios y chinos, hasta medio siglo.

Aunque en principio los inmigrantes patrocinados por una provincia canadiense son libres de mudarse a otra en cualquier momento, en la práctica, la tasa de retención a los cinco años de muchas provincias supera el 80 por ciento, según una evaluación realizada en 2017 por el gobierno canadiense. Esto se debe a que la adecuación detallada entre las habilidades y el mercado laboral local garantiza el empleo, lo cual elimina la principal causa por la que los inmigrantes suelen marcharse. El programa empezó a una escala reducida, pero entre 2021 y 2023, se espera que alrededor del 30 por ciento del total de las admisiones de inmigrantes de Canadá sea a través de este sistema.

Estados Unidos debería iniciar su propia versión de este programa, pero dar un paso más y dejar que los estados establezcan sus propios límites en cuanto a los trabajadores extranjeros. Eso sacaría a los burócratas federales del negocio de planificar de manera centralizada el mercado laboral para todo el país. Los estados que conocen sus propios mercados laborales harían un trabajo mucho mejor a la hora de encontrar trabajadores adecuados para sus empresas.

Los estados no tendrían que atenerse a la distinción federal de especialización alta y baja para los visados. Ahora mismo, tanto los estados de alta como de baja tecnología están sufriendo por un mercado de trabajo reducido. Los estados que no quieran o necesiten trabajadores inmigrantes podrían optar por no participar en el programa. Los trabajadores extranjeros serían libres de viajar a cualquier parte del país, pero estarían limitados a trabajos en los estados participantes hasta que se naturalicen. Eso supondría una mejora con respecto al sistema actual, pues los visados de trabajo les atan a un único empleador, a menos que encuentren a uno nuevo que se encargue del oneroso proceso de patrocinio. Además, los estados tendrían un cierto control sobre el nivel de inmigración procedente de otros estados, al menos durante algún tiempo.

Los estados no estarían obligados a participar, pero tendrían un incentivo inherente para hacerlo, pues es mucho más probable que las empresas prefieran los lugares en los que hay trabajadores adecuadamente calificados y motivados. Un programa de este tipo haría que el actual sistema federal de inmigración, descompuesto y disfuncional, no tuviera sentido. (Desde el punto de vista constitucional, la inmigración es una función federal, pero nada impide que Washington les ofrezca voluntariamente a los estados más libertad para tomar sus propias decisiones en materia de trabajadores extranjeros. Otros aspectos de la política de inmigración pueden seguir en manos federales).

No serán necesarios planes costosos en términos presupuestarios para atraer a los inmigrantes. Estos trabajadores están muy motivados para establecerse en Estados Unidos y pagarán gustosamente las tasas de patrocinio estatal. Suelen venir a Estados Unidos durante sus años de mayor productividad, después de que, por lo general, otra sociedad asumió el costo de su crianza, lo que otorga una ganancia única e imprevista para Estados Unidos en cuanto a finanzas públicas. Además, dado que las tasas de fecundidad de los inmigrantes no suelen descender hasta los niveles de los nativos durante una o dos generaciones, los trabajadores extranjeros estabilizarían la población durante más tiempo que un enfoque de política familiar a corto plazo.

Otro beneficio de la federalización de la inmigración sería que el restablecimiento de la salud demográfica y la mejora de los resultados económicos de los estados participantes facilitarían que los ciudadanos estadounidenses vieran a los inmigrantes como personas activas y salvadores en lugar de como gente pasiva que supone una amenaza. Estados Unidos tendría entonces un interés material —no solo idealista— en redoblar su compromiso de ser fiel a su valor fundamental de pluralismo y tolerancia.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.