Quien siembra vientos cosecha tempestades reza un viejo adagio que viene a colación al observar la sospechosa organización de grupos de supuestos vendedores de La Terminal, zona 4, con la única finalidad de ir a desalojar a manifestantes en la calle Martí. De ninguna manera es tolerable cualquier impedimento al derecho a la libre locomoción, pero corresponde a las autoridades las tareas de diálogo y eventual uso de la fuerza pública para abrir el paso, sobre todo en vías de fuerte afluencia vehicular. El derecho a manifestar está consagrado en la Constitución, pero nunca debe atentar contra el derecho al trabajo y al libre desplazamiento de personas ajenas al reclamo.

No es la primera vez que locatarios de La Terminal exhiben una actitud de tácito apoyo al gobierno de turno o incluso son acicateados para tomar la ley en sus manos. Ocurrió en 2019, cuando salieron a manifestar su apoyo al hoy expresidente Jimmy Morales, y también en 2016, cuando un alcalde capitalino, ya fallecido, ofreció dar leños a los vendedores para expulsar a otros comerciantes de un mercado, con la finalidad de evitar la fiscalización sobre la acción de la policía municipal.

En el caso presente, las sospechas del repentino movimiento de autodefensa —término que trae amargos recuerdos de la historia nacional— apuntaron al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, que fue fotografiado hace algunas semanas en conversaciones con vendedores. Él negó haber pedido apoyo de ese tipo, pues adujo que se trató de una visita de cortesía efectuada a partir de una de muchas invitaciones que recibe. Es muy bueno saber que el señor Rodríguez acude a donde lo invitan y sin duda habrá localidades del país que anhelan su presencia, tal el caso de su distrito, Sololá.

Es importante que las autoridades del gobierno municipal y central se pronuncien de forma vehemente para exigir respeto a la libre locomoción, pero también para recomendar prudencia a grupos que puedan devenir en improvisadas fuerzas de choque, pues, aunque no haya ningún funcionario instigador, podrían recaer en omisión de deberes. De nuevo, son las autoridades de seguridad las encargadas de manejar este tipo de situaciones y desfogar, preferentemente por la vía del diálogo, las arterias bloqueadas.

Enfrentar a hermanos contra hermanos es lo que ocurrió en el conflicto armado interno y tal pesadilla mortífera nunca más debe ocurrir en Guatemala. Poner a un grupo afectado por bloqueos en contra de quienes ejecutan tales acciones no solo será contraproducente, sino que, a la larga, igual causará desgaste al Gobierno, por omisión e incapacidad de funcionarios para gestionar el orden en la vía pública.

Si acaso el movimiento de los vendedores fue espontáneo, por cansancio ante el perjuicio de los bloqueos, lo correspondiente era interponer denuncias en el Ministerio Público para que investigue a los responsables de impedir la locomoción y a los jerarcas policiales que no actuaron debidamente. Cabe señalar que el 19 de agosto último, que por poco se convertía en otro “jueves negro”, las fuerzas policiales actuaron de forma adecuada al interponerse entre ambos grupos de ciudadanos y evitar así una gresca. Por otra parte, se acentúa la necesidad de abrir canales de diálogo para la búsqueda de salidas efectivas a la tensión y la crisis que viven los ciudadanos, agravadas por la virulencia de los brotes recientes. No están los tiempos para arriesgarse a más contagios, pero tampoco para sembrar vientos que terminen detonando tragedias.