Pero el amparo provisional abre la posibilidad para que todo el acto celebrado por la Universidad de San Carlos (Usac) quede sin efecto, por consecuencia también quedaría anulada la magistratura suplente que actualmente ocupa Rony López, exsecretario del Ministerio Público (MP).
Al menos esa es la intención de la Fundación Contra el Terrorismo que señala al CSU de violar el voto secreto para la elección constitucional, evento en el que fueron electos Porras y López.
La lectura de dos expertos en la rama legal coincide que este extremo se podría dar al momento que la CC emita un amparo en definitiva, ya el nombramiento de los dos profesionales se celebró de la misma manera.
Sin embargo, hasta ahora, López continúa en el puesto como suplente mientras que a Porras se le ha impedido ser juramentada y tomar posesión del cargo como magistrada constitucional.
La profesional actualmente se encuentra fuera de Guatemala, pero explicó que todavía no ha recibido una notificación por el reciente amparo provisional que bloquea, nuevamente, que asuma el cargo.
“El uso combinado y coordinado de estas estrategias busca impedir que se cumpla la ley. Sin embargo, sigo creyendo en la Constitución y en el sistema de justicia, por lo que continuaré realizando todas las acciones a mi alcance para revertir estas decisiones ilegales e ilegítimas”, señaló.
Porras añadió que se está asesorando con un grupo de abogados de los Estados Unidos para responder legalmente a todas las resoluciones judiciales que le impiden asumir el puesto de magistrada.
Nueva elección
La reciente resolución fue bien recibida por Ricardo Méndez Ruiz, titular de la Fundación Contra el Terrorismo, quien asegura que la decisión del Pleno de la CC se encuentra apegada a Derecho.
Pero asegura que los siguientes pasos a seguir es esperar que la CC no cambie sus criterios, ya que lo ideal es que se solventen todos los problemas legales que ocasionó la Usac con una elección fuera de la ley.
“Lo que debería de proceder es que el CSU repita el proceso apegándose a la ley. Aquí también hay otro asunto importante, pero a pesar de ser un amparo provisional debe de pensarse en la responsabilidad penal parte de algunos miembros del CSU por su responsabilidad en este proceso viciado, algunos aducen que así se han llevado las votaciones en los últimos años, pero es de recordarles que el error no es fuente de Derecho”, argumentó.
Méndez Ruiz considera que aunque no existe un tiempo estimado para que la CC resuelva en definitiva, lo prudente es que esa resolución no se dilate demasiado, ya que permitiría al país consolidar una certeza jurídica que asegura es necesaria.
“Yo no veo porque deba de variar el amparo, espero que nos lo otorguen totalmente en breve por el bien del país, por la certeza jurídica que tanto necesita Guatemala para crear puestos de trabajo debido a que es necesario que el país sea atractivo para la inversión extranjera”, refirió.
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¿Peligra la justicia?
Aunque la situación de la CC parece no aterrizar en cuatro meses desde que se tendría que haber renovado toda su magistratura, estos eventos no generan un golpe para la administración de la justicia constitucional.
Eso según el análisis de Edgar Ortiz, de Fundación Libertad y Desarrollo, quien asegura que por fortuna la ley permite la continuidad de los magistrados salientes en situaciones como estas, evitando que la CC quede desintegrada.
Pero aunque no exista un problema legal, la forma en que como se percibe al máximo órgano de justicia en Guatemala si puede traer algunas opiniones no tan favorables.
“Queda desprestigiada por las accidentadas circunstancias de este proceso de elección, sobre todo porque estamos hablando que la discusión es elegir en público a un representante del CSU y eso es lo que a mí me preocupa, no me preocupa la persona sino la institución, entiendo que quien se puede oponer en todo caso son los electores porque el voto secreto es una garantía para quien vota, pero ahora queda ese precedente de que el voto debe de ser secreto”, indicó.
Por su parte Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), estima que la CC no peligra, pero es necesario que se resuelvan todos esos problemas que impiden una renovación total de la plana constitucional.
“Aquí hay un pecado de origen y es la reiteración ilegal del CSU puesto que se hace un proceso de selección vulnerando un artículo de la ley de amparo porque no se hizo una votación secreta, esto fue impugnado así como que la licenciada Porras no tenía carrera docente dentro de la Usac, estos dos aspectos fueron conocidos por el CSU pero los consejeros insistieron en que era válido cometer el error que cometieron”, precisó.
