La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) ha recibido críticas por instar en su más reciente comunicado “el diálogo abierto, con propuestas concretas de los diferentes sectores nacionales” convocado por Alejandro Giammattei, y afirmar que “no es la renuncia lo que se le debe pedir, sino recordarle los compromisos” que “con tanta vehemencia” asumió al tomar posesión, e invitar a Consuelo Porras a “discernir desde su conciencia ciudadana y sus principios éticos qué es lo mejor para el bien del país”. Diálogo es una palabra hoy desprestigiada y sin significado real porque no ha llevado a nada, debido a la falta de interés de una o las dos partes por lograr resultados. En la práctica, no significa la búsqueda respetuosa de consensos sino la sumisión total a algún criterio.

Los documentos de entidades como la CEG implican la participación de numerosas personas con convicciones opuestas o contradictorias y pueden caer en exceso de diplomacia o convertirse en tácitas formas de oxigenación a grupos o personas. Si bien este comunicado señala con firmeza la gravedad de la situación, la pregunta es: ¿se puede dialogar con gente mentirosa y cuyas acciones ejemplifican abusos y latrocinio? El derecho presidencial a solicitarlo se pierde a causa de cómo han sido casi todas sus acciones desde el inicio del gobierno. Mentiras, exageraciones, reacción violenta a criterios distintos o críticas, negocios inmorales y antiéticos como el de las vacunas rusas, silencio de las implicaciones legales del estado de Calamidad Pública y un largo etcétera.

La fuerza de un comunicado episcopal es moral y deriva de pedir acciones correctas, como lo hace la Compañía de Jesús respecto de la coyuntura nacional del momento. Es loable y aceptable el interés obispal por pronunciarse sobre los problemas nacionales políticos y económicos, porque el silencio es cómplice, pero su autoridad moral obliga a hacer críticas y promover soluciones directas, basadas en los principios de la doctrina social y pastoral de la Iglesia Católica. Los llamados para buscar el bien del país han caído en saco roto, y seguirán cayendo. La nueva sugerencia al diálogo debe ser a los sectores sociales para lograr acuerdos mínimos de gobernabilidad, como paso previo a la salida voluntaria de Giammattei y Porras. No hay alternativa.

No hacerlo así es un salto al vacío, sobre todo cuando hay agitación con efectos impredecibles por los bloqueos de carreteras de grupos indígenas, militares jubilados y asociaciones estudiantiles. Como ocurrió sin logros en Nicaragua y exitosamente en Guatemala con monseñor Quezada Toruño, un integrante de la CEG puede aglutinar los esfuerzos por enfrentar cuanto antes el reto de los diversos cambios urgentes para garantizar la terminación programada del cuatrienio y elecciones con parámetros distintos. Se necesita poner duras condiciones a la participación de políticos, en especial, pero no exclusivamente, del Congreso, porque son en altísimo porcentaje responsables de la actual tragedia del país con su burla, abuso y ruptura de las leyes.

Es duro aceptar cuando los esfuerzos del diálogo son inútiles, pero es ciego no verlos y actuar de manera distinta. El inminente desastre del país solo puede ser negado por los afines a la corrupción en todas sus formas y los obcecados en dogmas políticos, sociales y económicos de falsedad comprobada en todo el mundo actual. Las posiciones deben ser claras, escuetas, secas, estrictas, con base en la verdad. A la luz de los principios católicos, el diálogo murió hace ya tiempo y esto me hace recordar al sacerdote constructor del Santuario Expiatorio de la zona 8, el salesiano Manuel Isaac Sicker, quien le manifestó a Miguel Ydígoras Fuentes en 1960: “La verdad es una, y debe ser dicha donde sea”. Sin duda, hay espacios para dialogar, pero con interlocutores distintos.