Los jóvenes inmigrantes indocumentados han esperado suficiente para planear sus vidas.

Las dos teníamos 10 años cuando nuestras familias —la de Lorella de Perú, la de Hina de Pakistán— se mudaron con nosotras a Estados Unidos. Nuestros padres llegaron aquí decididos a encontrar la mejor atención médica. Para la hermana de Hina, Aleeza, Estados Unidos significaba el tratamiento de una enfermedad cerebral que amenazaba su vida y que los doctores de Dubái e India habían advertido que no estaba disponible en ninguna otra parte. Para Lorella, cuya pierna derecha fue amputada después de un accidente automovilístico en Perú, Estados Unidos era la promesa de una prótesis avanzada y un país en el que podría prosperar.

La difícil decisión que tomaron nuestras familias de dejar nuestros países natales puso en marcha la trayectoria de nuestras nuevas vidas en Estados Unidos. Hicimos amigos, nos recibimos de la universidad, nos enamoramos y comenzamos nuestras carreras. También éramos indocumentadas.

Ahora, ya tenemos treinta y tantos. Y durante más de una década, hemos luchado para que nos reconozcan como estadounidenses en el país que es nuestro hogar. Sin embargo, han pasado más de 30 años desde que el Congreso aprobó por última vez un proyecto de ley importante para obtener la ciudadanía.

Hemos visto cómo todos los grandes proyectos de ley en materia de inmigración, entre ellos la Ley Dream, se han quedado cortos de votos para ser aprobados tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado: en 2007, 2010 y 2013. Las triviales soluciones alternativas nos han puesto de cabeza.

En 2012, cuando el presidente Barack Obama creó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, en inglés), este les brindó un salvavidas a los jóvenes indocumentados que ahora tendrían permisos de trabajo, acceso a una educación superior más asequible y estarían más a salvo de la deportación. Entonces, no mucho después de que Donald Trump asumió la presidencia, el nuevo gobierno intentó desmantelar el Daca. En 2020, la Corte Suprema rechazó la iniciativa de la administración de Trump. No obstante, apenas el mes pasado, el juez Andrew Hanen del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Houston suspendió el programa, bajo el argumento de que era ilegal y que, por lo tanto, no se debía aprobar ninguna solicitud nueva (el gobierno del presidente Joe Biden apelará el fallo).

Ahora, los demócratas tienen una oportunidad de poner fin a la precariedad que viven a diario tantos inmigrantes, con la aprobación de un paquete de reconciliación presupuestaria que incluye la ciudadanía para los residentes indocumentados que han calificado para el programa Daca, los beneficiarios de un estatus de protección temporal, los agricultores indocumentados y otros trabajadores esenciales.

Creemos que este es nuestro año. Los demócratas tienen la oportunidad de cumplir un compromiso de años con millones de indocumentados y comenzar la transformación de un sistema migratorio cruel y anticuado a uno humano y funcional, que por fin cree un camino real y navegable hacia la ciudadanía. Ya tenemos un gran apoyo de moderados y progresistas.

El 22 de julio —una semana después del fallo del juez Hanen—, nos reunimos con la vicepresidenta Kamala Harris, junto con un puñado de otros beneficiarios del Daca, agricultores y líderes de movimientos sociales. Fue una oportunidad para compartir nuestras historias; le contamos a Harris qué hemos podido hacer y qué sueños siguen lejos de nuestro alcance porque el Congreso no ha aprobado un proyecto de ley para otorgar la ciudadanía.

Le pedimos que apoyara un camino hacia la ciudadanía en el paquete de reconciliación. Nos prometió que lucharía a nuestro lado. Días más tarde, el presidente Biden también ratificó su apoyo en público.

En 2010, no se aprobó la Ley Dream, pero ahora Lorella tiene la ciudadanía tras haberse casado con su pareja de muchos años. Sin embargo, Hina sigue planeando su vida en periodos de dos años debido al proceso de renovación del Daca. Es una montaña rusa de emociones maniobrar por ese sistema engorroso. No obstante, luchamos todos los días para ser consideradas estadounidenses en papel con el fin de poder convertir nuestros sueños en una realidad.

Estamos listas. Tenemos el poder de un movimiento de justicia social amplio y diverso. Además, de acuerdo con una encuesta reciente de Data for Progress, el 70 por ciento de los votantes está con nosotras, incluida una mayoría de republicanos e independientes.

La pandemia del covid-19 ha puesto en gran relieve nuestra dependencia colectiva de los trabajadores esenciales, entre ellos más o menos 5 millones de trabajadores indocumentados que han atendido a los enfermos, enseñado a nuestros hijos, cuidado nuestras casas y empresas, y cultivado y procesado nuestra comida.

Los demócratas deben actuar ya para evitar que se repita nuestra derrota demoledora de diciembre de 2010. Ese diciembre, Lorella se dirigió a Washington después de sus exámenes finales de la universidad para unirse a la demanda por la Ley Dream. Desde Nueva York, donde estaba estudiando para entrar a programas de enfermería, inspirada por la amabilidad y la compasión que le habían demostrado los trabajadores médicos a su hermana, Hina observó la votación que buscaba acabar con las tácticas dilatorias.

El día de la votación, la galería del Senado estuvo llena de jóvenes indocumentados. Lorella tomó con fuerza las manos de otros mientras cada senador alzaba o bajaba el pulgar para emitir su voto sobre el proyecto de ley. Fue devastador. A final de cuentas, se rechazó la Ley Dream —aunque los demócratas controlaban la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, al igual que ahora— cuando todos los republicanos, excepto tres, se sumaron a cinco demócratas para votar en contra. Desolados, los jóvenes indocumentados salieron de la galería al pasillo. Con el corazón roto, se tomaron de las manos, rezaron, lloraron y luego encontraron el valor para clamar: “¡Indocumentados, sin miedo! ¡Indocumentados, sin miedo!”.

En la actualidad, seguimos luchando para que este sea el año en el que Hina pueda planear a futuro; en el que millones puedan exigir salarios justos en sus trabajos y no vivan bajo la amenaza de ser detenidos y deportados cada vez que dejan a sus hijos en la escuela; en el que las familias puedan ir al supermercado o abrir las puertas de su casa sin el temor de ser separadas de sus seres queridos y las vidas que han construido.

“Indocumentados, sin miedo”. Estas palabras han sostenido a una generación de jóvenes indocumentados durante más de una década.

Este es nuestro año. Y estamos ansiosas por tomarnos de las manos en la galería del Senado con familias como las nuestras para observar la votación final sobre el paquete de reconciliación y, esta vez, llorar lágrimas de alivio y alegría.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.