Existe en el interior del país una proliferación de acciones interesadas, precozmente preelectorales, con la evidente mira de ganar adeptos, seguidores, votantes, pero sobre todo clientes, obtenidos a partir de las necesidades, carencias y angustias económicas, ya sea a cambio de unas cuantas láminas, unos cuantos víveres e incluso dinero en efectivo. En algunos casos tales operaciones involucran a alcaldes y diputados en el ejercicio del cargo, pero también a exalcaldes, exdiputados y a aspirantes noveles que buscan un cargo con todo y sus prebendas, pero no necesariamente para atender las necesidades del desarrollo, pues son tales pobrezas el engranaje principal de su maniobra electorera.

Tales prácticas ocurren en total impunidad, gracias a las laxas, por no decir inexistentes acciones del Tribunal Supremo Electoral, que desde su instalación se ha dedicado a retrasar procesos sancionatorios y a hacerse de la vista gorda de procesos que involucran a viejos partidos exoficialistas. Personajes con cargos públicos empujan incluso supuestos negocios y emprendimientos amparados bajo el derecho al trabajo y la libertad de acción, cuando en realidad es claro que están afanados en publicitar su imagen.

Suele tratarse de figuras que no toleran críticas y que no fomentan el diálogo serio sobre los problemas de sus localidades, con lo cual su pose de adalides del bienestar comunitario queda vacía. Por si fuera poco es dudosa la proveniencia de los recursos que utilizan en estas campañas solapadas. Si son del erario, es condenable que lo utilicen para sus agendas interesadas. Los lectores podrán identificar con pelos y señales a tales individuos, que siguen con sus autobombos disfrazados ante un TSE que continúa varado a la sombra de un indigno pacto legislativo.

Se debe resaltar que el clientelismo no solo se da en las esferas populares o en zonas rurales distantes. También en el primer plano de la escena pública ocurren estos arreglos antisistémicos, negociaciones alejadas del escrutinio público, medidas paliativas que desactivan crisis momentáneas pero que prolongan el mal crónico. A estos funcionarios les interesa sobrevivir el momento, salir -como reza el dicho- en caballo blanco de los predicamentos aunque dicho rocín lleve amarrados a la cola más problemas que antes.

Ejemplos de este proceder son las repetidas prórrogas otorgadas por el Ejecutivo a la entrada en vigencia de controles de velocidad para el transporte extraurbano o la adquisición obligatoria de seguro para vehículos que trasladan personas en áreas urbanas, disposiciones de beneficio para millones de usuarios pero que son aplazadas para congraciarse con ciertos grupos. Algo similar ocurre con los pactos colectivos lesivos a cambio de oficiosos apoyos al gobierno, como ocurre con el Magisterio.
Existen otros grupos que reclaman resarcimientos infundados que se manejan como una futura carnada electorera. El clientelismo está en la raíz de la oposición de alcaldes a artículos de la Ley de Contrataciones, en la cual solo quieren nuevos parches para reducir la cuentadancia y facilitar la fragmentación de compras.

El clientelismo insulta la inteligencia del ciudadano responsable, íntegro y consciente. Vende a precio exorbitante la ineficiencia y anuncia obras que no se sabe siquiera si se finalizarán. El clientelismo es hermano de la demagogia e hijo de la mediocridad. No es un problema reciente, es el veneno más grande de la democracia pero a muchas personas les confunde porque tiene sabor dulce al cual sucede la amarga sensación del engaño.