Quezada “fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la Policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular”, señaló la Alianza CxL en una declaración.
La joven de 27 años, que fue Miss Nicaragua 2017 y cuya candidatura había sido inscrita de manera oficial el pasado lunes, “se encuentra actualmente en su casa con custodia policial”, agregó la agrupación.
De momento las autoridades nicaragüenses no han confirmado ni desmentido esa denuncia.
En la víspera, un grupo de ciudadanos que se identifican como “víctimas y familiares del terrorismo golpista de 2018” solicitaron inhabilitar la candidatura de Quezada, por supuesta apología del delito e incitación al odio, ante la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Según la denuncia, reportada por medios oficiales, la exreina de belleza incitó al odio luego de que su alianza inscribiera a sus candidatos a presidente y vicepresidenta, diputados ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Quezada dijo a los periodistas que “en Nicaragua las condiciones (electorales) nunca han estado” y que “las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone?, saliendo a votar”.
También hizo un llamado a votar el 7 de noviembre para demostrar que en Nicaragua no quieren “más dictaduras”, en alusión al Gobierno de Daniel Ortega.
Además dijo que, a su juicio, los nicaragüenses se definieron políticamente tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.
“De 2018 para acá Nicaragua trazó una línea, cada quien decidió dónde quiere estar”, indicó.
El Ejecutivo califica esas revueltas -que dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como un intento de golpe de Estado.
Denunciamos que hoy a las 9:30 p.m. Berenice Quezada candidata a la Vicepresidencia por la Alianza CxL fue notificada en su casa por autoridades judiciales y del Ministerio Público acompañadas por la Policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria.1/2 pic.twitter.com/QLqRdYkvni
— Alianza Ciudadanos por la Libertad (@CxLibertad) August 4, 2021
YA SUMAN 32 LOS ARRESTOS EN ÚLTIMOS DOS MESES
Quezada se convierte en la primera candidata inscrita oficialmente a un cargo de elección popular en ser arrestada por las autoridades, que desde fines de mayo han detenido a 32 personas, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia de la oposición, mientras otros dos abandonaron el país para evitar ser capturados.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, también ha aprehendido a un excanciller, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama y cinco dirigentes opositores.
Además, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, una abogada y defensora de los derechos humanos, un politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, un periodista, un comentarista, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.
Otros dos aspirantes a la Presidencia de la oposición, María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua argumentando razones de seguridad.
El sandinista Daniel Ortega, que retornó al poder en 2007, buscará su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Dichos comicios serán claves para Ortega, ya que se jugará 42 años de dominio casi absoluto de la política nicaragüense.
