La primera denuncia fue promovida por la organización social Acción Ciudadana (AC), por considerar que la jefa del Ministerio Público (MP) pudo cometer los delitos de asociación ilícita y obstrucción a la justicia.
La organización duda que existan causas administrativas que respalden el despido del exfiscal Sandoval, por el contrario opinan que la verdadera intención podría ser evitar el avance de ciertas investigaciones por posible corrupción.
La segunda acción fue presentada por diputados de los bloques legislativos Movimiento Semilla, Winaq y URNG-Maíz, quienes anunciaron en una rueda de prensa, junto a organizaciones, su rechazo a la destitución de Sandoval.
Esta solicitud de retiro de antejuicio enlista los cargos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción a la justicia. También opinan que las intenciones para la destitución de Sandoval fueron motivadas por intereses políticos.
Cuando el juzgado de turno traslade los expedientes a juzgados ordinarios, estos tienen que notificar los señalamientos. Una vez cumplan ese trámite deberían de ser remitidos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su discusión.
Señalan al Ejecutivo
Algunos diputados señalan que la Fiscal General no es la única responsable en la destitución de Juan Francisco Sandoval. Además, consideran que hay una serie de errores que no justifican la decisión, misma que traería consigo una clara violación a las garantías del personal de carrera dentro del MP.
“Creemos nosotros que la Fiscal General ha actuado violando la Constitución, violando la ley orgánica del MP, lo que ha traído como consecuencias la vulneración de la carrera judicial en el MP. Se han violentado derechos laborales y se han violentado Derechos Humanos del fiscal y de muchos fiscales, en muchas fiscalías, quienes han identificado delitos en contra de la corrupción”, señaló Edgar Batres, diputado de Winaq.
Pero junto a esos aparentes vacíos, también existe responsabilidad del Presidente, según los señalamientos que hizo en una rueda de prensa Samuel Pérez, diputado de Movimiento Semilla.
“Consideramos ilegal la destitución, arbitraría además, en contra de Juan Francisco Sandoval. Además en el Congreso nada se mueve si no hay una orden de Alejandro Giammattei, efectivamente están utilizando todos los instrumentos que tienen a su disposición para resguardarse y para proteger este sistema de corrupción e impunidad”, citó el parlamentario.
Junto a eso se suma la inactividad del Congreso de la República, que se encuentra en periodo de receso y del que se desconoce cuándo va a celebrar las dos sesiones extraordinarias para el mes de julio que dicta su ley orgánica.
“Hay una estrecha alianza y contubernio entre quienes dirigen el Congreso, la bancada oficial y sus aliados, y el Ejecutivo, particularmente con el Presidente de la República quien es quien encabeza todo este proceso; incluso violando la Constitución en cuanto a la independencia de poderes. Si ustedes recuerdan, el presidente Giammattei cuando vio que el pueblo de Guatemala estaba haciendo nuevamente el llamado de manifestar en la plaza, nuevamente dijo que iban a decretar un Estado de Prevención y lo hicieron”, refirió Walter Félix, jefe de bloque de URNG – Maíz.
Recientemente la Presidencia manifestó rechazar las declaraciones de Juan Francisco Sandoval, asegurando que el Ejecutivo no tuvo incidencia en la decisión que tomó la Fiscal General.
