El ejemplo más reciente fue el Presupuesto 2021, que se aprobó el 18 de noviembre de 2020 de forma exprés y sin que la ciudadanía conociera su contenido, lo que condujo a que miles de guatemaltecos protestaran en la Plaza de la Constitución, cuyo efecto fue inmediato. El Congreso ya no envió al Ejecutivo la ley correspondiente, por lo cual no hay plan de gastos aprobado para este año y las autoridades han debido efectuar modificaciones presupuestarias.
Al igual que los otros dos organismos de Estado, el Legislativo no ha sido ajeno a los actos de corrupción. En los últimos años el Ministerio Público ha revelado cómo diputados y directivos del Organismo Legislativo contratan personal sin que cumpla con los requisitos establecidos o se otorgan plazas a personas que no se presentan a sus labores, en detrimento del erario.
El actuar del Congreso también ha despertado preocupaciones en la comunidad internacional, por la omisión de sus responsabilidades legislativas. Por ejemplo, desde octubre del 2019 los congresistas debieron elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones, pero se relegado en la agenda parlamentaria. Esta situación fue advertida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la misión que envió al país en noviembre pasado, tras las manifestaciones ciudadanas por la aprobación opaca del Presupuesto, y exhortó a los diputados a agilizar la designación magistrados.
Tamaño del Congreso
Parte de los problemas del Legislativo se dan porque es visto como un botín por quienes aspiran a ocupar una curul para satisfacer intereses personales o de terceros. De esa cuenta, congresistas se han valido del derecho que tienen de contratar asesores para beneficiar a amistades o exdiputados que no lograron la reelección, opina Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).
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“En líneas generales, el contrato de asesores, en un alto porcentaje, responde a intereses de amistades, compadrazgos e intereses de partido. Se tratar de proveer trabajo a simpatizantes, a un amigo especial del diputado o a un familiar que se le encargue a otra bancada. La figura del asesor, al igual que el papel de legislador, se ha ido debilitando en cada legislatura”, señaló.
Los 381 asesores asignados a diputados, bloques o comisiones legislativas en distintos renglones pueden devengar entre Q10 mil y Q26 mil por sus servicios.
Según Hidalgo, el papel del asesor se ha desvirtuado, cuando en realidad desempeña un papel trascendental. “El asesor es importante porque no podemos pretender que los 160 diputados en el Congreso sean expertos en cada comisión que deben atender, a menos que fueran sobrehumanos con altas capacidades. Reconociendo esa debilidad es que se crea la figura del asesor, que debe responder con conocimiento académico a los temas que se discuten en el Congreso”.
Xiomara Conde, del sindicato de trabajadores del Congreso, dijo que en el 2016, antes de los cambios normativos, los trabajadores recibían un 10 por ciento de incremento anual sobre su salario, pero actualmente ya no se permite para aquellos que ganan más de Q29 mil, dijo.
Conde dijo que se han incrementado salarios en el renglón 022, ya que cuando una persona contratada como asistente, por ejemplo, se gradúa, puede llegar a ganar Q18 mil. “Eso ha hecho que aumente el renglón 022”, señala.
Privilegios legislativos
En ese sentido, también es preciso destacar que hay trabajadores que ganan más que los parlamentarios. Es el caso del director de Protocolo, contratado en el renglón 011 con un salario de Q65 mil 727.21, mientras que un diputado común gana Q24 mil 150. También es superior al del presidente del Congreso, quien devenga Q44 mil 150 más Q12 mil en dietas por comisiones, bloques y junta directiva.
Otros funcionarios que reciben salarios altos son el encargado de Presupuesto, Q61 mil 360; de bancos, Q61 mil 972; la asistente profesional administrativa, Q56 mil 011.64, y el técnico parlamentario II, del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN), Q53 mil 791.78.
Los privilegios legislativos alcanzan la alimentación. Según el Sistema de Contabilidad Integrada Sicoin) del Ministerio de Finanzas, en las últimas dos legislaturas, del 2016 al 2021, el Congreso ha erogado en alimentos Q19 millones 663 mil 166.54.
Esto se suma a los ingresos ordinarios que tienen diputados y trabajadores. El portal de Finanzas indica que en el mismo período se gastaron Q7 millones 741 mil 759 en viáticos, gastos conexos y reconocimiento de gastos, mientras que en dietas para cargos representativos y gastos de representación en el interior y exterior el monto ejecutado en los últimos seis años es de Q191 millones 660 mil 208.62.
Nineth Montenegro, exdiputada, considera que uno de los problemas es que los pactos colectivos de condiciones de trabajo que se han aprobado no han buscado un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y el Estado. “No se fue haciendo el equilibrio y pronto los pactos colectivos eran inviables de concretar”, comenta.
A criterio de Montenegro, corresponde a la Procuraduría General de la Nación (PGN) analizar si los acuerdos entre patronos estatales y trabajadores violan garantías constitucionales y si lesionan los intereses del Estado y del erario nacional. Sin embargo, históricamente, la PGN ha quedado al margen de las negociaciones.
“Cuando se va a discutir un pacto de condiciones de trabajo el que primero debe estar ahí, aparte del Ministerio de Trabajo y las partes afectadas -patrono y trabajador-, es la PGN. Si no hay opinión o dictamen de la PGN, entonces habrá un vacío técnico y no habrá sustento jurídico que garantice que el pacto colectivo sea suscrito en condiciones de viabilidad. Esto puede hacer que las instituciones quiebren sus finanzas”, opina la exlegisladora.
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Representatividad
Otro aspecto que se ha discutido desde siempre es que el sistema político no permite que sectores vulnerados, como pueblos indígenas y mujeres, estén representados en el Congreso.
De 1998 a la fecha se han presentado al menos ocho iniciativas de ley que promueven la inclusión de mujeres y pueblos indígenas en distintos espacios de poder, mediante métodos de alternancia que implican intercalar en una lista de candidaturas a una mujer y un hombre, y lo mismo con personas indígenas y no indígenas.
Montenegro, quien presentó una de las primeras iniciativas de paridad en 1997, recuerda que la propuesta fue rechazada de manera rotunda y algunos diputados argumentaron que se violaba el principio de igualdad. Sin embargo, sostiene que no puede haberla en un sistema político que descarta la inclusión de ciertos sectores en espacios de toma de decisiones.
“En un país con poco acceso a educación y capacitación política se requiere que la persona que ocupe cargos de poder represente el liderazgo de la comunidad, los intereses más sentidos de la población que vive en marginalidad. Aquí no ha pasado eso. Se cree que es la persona que más títulos académicos tiene la que debe estar en puestos de poder. Ahí radica el fracaso histórico del sistema político guatemalteco”, agrega Montenegro.
Por su parte, Andrea Villagrán, una de las diputadas ponentes de la iniciativa de paridad que se presentó en marzo de este año, refiere que la intención es reformar el artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para garantizar la representatividad de mujeres y pueblos indígenas en diputaciones, corporaciones ediles, el Parlamento Centroamericano y el binomio presidencial.
Según datos del Tribunal Supremo Electoral, en Guatemala hay ocho millones 122 mil 561 personas empadronadas, de las cuales cuatro millones 368 mil 570 son mujeres y tres millones 753 mil 991, hombres. La congresista expone que pese a ser mayoría, en la presente legislatura las mujeres solo ocupan el 30 de 160 curules.
Asimismo, la iniciativa señala que el porcentaje de legisladores indígenas ha sido inferior al 20 por ciento.
“La iniciativa de paridad fue trabajada con diferentes organizaciones de mujeres y es una demanda para garantizar el derecho estas en el espectro político. No son demandas de ahora, tienen historia. Mejorar la participación política de mujeres y garantizarles su derecho a participar es un compromiso de los Acuerdos de Paz ”, subraya Villagrán.
