Desde los descabezamientos súbitos, injustificados y arbitrarios efectuados en la Policía Nacional Civil (PNC)en febrero del 2018, la conducción de dicha entidad ha quedado a merced de las veleidades de las autoridades de turno. El proceso de carrera policial que se venía cultivando, con énfasis en la profesionalización, inversión en especialización y apego a garantizar la seguridad en un marco de estado de Derecho quedó truncado porque no convenía a los intereses intolerantes.

Todavía suena a ironía, a sorna y a eufemismo de mal gusto el pretexto esgrimido por el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, acerca de que se trataba de una “oxigenación” para la institución y que no obedecía a que los comisarios removidos hubiesen hecho algo malo. Desde entonces, el deterioro de la PNC ha ido en aumento. Los logros en seguridad se diluyen con lentitud y la mística de servicio se ve asediada por otros intereses. Desde entonces y hasta el presente se ha nombrado directivos a quienes mejor bailan el son de la conveniencia de los funcionarios de paso. Basta ver el violento actuar de agentes en contra de ciudadanos que manifestaban pacíficamente, con el cual inauguró el ministro Gendri Reyes su gestión en Gobernación en noviembre del año pasado.

Basta observar que se concentran veinte, treinta o más agentes que permanecen a merced de las inclemencias del tiempo y sin mayor actividad frente al Congreso, mientras en barrios y municipios escasean los disponibles para brindar seguridad. Se roban vehículos a plena luz del día y en total indefensión de las víctimas y se producen ataques armados de sicarios en la vía pública, los cuales quedan grabados en video y no hay una sola detención.

La misma desorganización y desproporción de criterio logístico —por decir lo menos— se puede deducir de la patética escena en la cual varios individuos, al parecer integrantes de una banda de trata de personas, agreden a un par de agentes en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. La PNC informó que el grupo de hombres que agredió a los agentes se denomina “Los Polleros”, quienes se dedican a traficar ilegalmente a migrantes hacia México. Empujones, patadas e insultos fueron grabados al parecer por parte de los mismos atacantes, como si se tratara de una mofa o un desafío a la autoridad. Horas después, Gobernación anunciaba una exhaustiva investigación para dar con los responsables, pero con ello solo confirma la falta de protocolos de reacción inmediata para atender este tipo de situaciones en un área que ya de por sí se caracteriza por su alto grado de conflictividad.

Hasta el momento, el ministro Reyes no ha presentado un plan serio de reorganización de la seguridad interior, con especial atención a los desafíos de la migración ilegal, delincuencia urbana y narcotráfico. Unos cuantos retenes no corresponden a una táctica de tiempos digitales y menos aún si son instalados por dos o tres policías a la vuelta de ciertos tramos suburbanos.

Es urgente devolver a la PNC la dignidad con la cual nació su proyecto como institución garante de la seguridad ciudadana y los derechos de las personas. Esto comienza por la puesta en valor de los mismos efectivos en cuanto a las condiciones de estadía en las comisarías, pero también en lo relacionado con los ascensos por méritos académicos y logros en la lucha contra la criminalidad. Hasta ahora, solo parece prolongarse el mal ejemplo que dejó la época de Degenhart.