En teoría, un impuesto fronterizo sobre el carbono podría ayudar a evitar esa subvaloración. Si las fábricas de todo el mundo que quisieran vender acero, cemento, aluminio o fertilizantes a la UE tuvieran que pagar un cargo adicional por la contaminación que emiten, tendrían un incentivo para también limpiar su operación. Las empresas europeas tendrían menos incentivos para trasladar sus operaciones al extranjero. Y, si otros países adoptaran normas similares, eso podría presionar a las naciones reticentes a frenar su uso de combustibles fósiles.
Sin embargo, los escépticos afirman que un impuesto fronterizo sobre el carbono podría resultar difícil de aplicar y enfurecería a los principales socios comerciales de Europa, entre ellos Rusia y China. La propuesta de la UE es una primera prueba de si esta idea puede tener éxito.
La idea también podría extenderse. En Estados Unidos, los demócratas propusieron el miércoles su propia versión de un impuesto sobre las importaciones de países que carecen de políticas climáticas sustanciales como parte de un plan presupuestario de 3,5 billones de dólares. Aunque esa propuesta es mucho menos detallada que el plan de la UE, es una señal de que la política climática se está entrelazando cada vez más con la política comercial.
“Sigue siendo una incógnita si los ajustes en las fronteras son la mejor manera de estimular la cooperación mundial en materia de cambio climático o si otros enfoques podrían funcionar mejor”, comentó Brian Flannery, investigador invitado de Resources for the Future, un centro de estudios de Washington. “Pero ahora que Europa tiene una propuesta concreta sobre la mesa, podemos empezar a tener un debate serio sobre cómo podría funcionar en la práctica”, agregó.
Cómo funcionaría
Los detalles del “mecanismo de ajuste fronterizo al carbono” propuesto por la Comisión Europea se describen en un documento de 291 páginas.
En este momento, la mayoría de las industrias en la UE están cubiertas por un programa que cobra a los contaminadores por el dióxido de carbono que emiten. Esto se conoce como el Sistema de Comercio de Emisiones, el programa establece un límite a las emisiones globales y lo va endureciendo con el tiempo. Los grandes contaminadores deben obtener permisos por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten y el número de permisos disminuye con el tiempo, lo cual hace que el precio aumente. En la actualidad, el precio de esos permisos es de casi 60 dólares por tonelada, lo que supone un fuerte incentivo para que las empresas europeas reduzcan sus emisiones.
La UE propone ahora endurecer aún más ese límite y al mismo tiempo eliminar poco a poco el número de permisos gratuitos que durante mucho tiempo ha concedido a las industrias expuestas a la competencia comercial, como la siderúrgica. El objetivo es ayudar a reducir para 2030 las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE en un 55 por ciento por debajo de los niveles de 1990.
Para cumplir ese objetivo, muchas industrias europeas tendrán que hacer cambios drásticos y costosos. Productores de acero como ArcelorMittal están buscando maneras de utilizar hidrógeno en lugar de combustibles fósiles en sus hornos, aunque advierten que esas mejoras podrían costar decenas de miles de millones de dólares.
Ahí es donde entraría el impuesto fronterizo sobre el carbono propuesto. Las empresas extranjeras que quisieran vender cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes o electricidad a la UE también tendrían que pagar ese precio por cada tonelada de dióxido de carbono que emitan al fabricar sus productos. La idea sería igualar las condiciones del carbono.
El impuesto fronterizo entraría en vigor hasta 2026. Los funcionarios europeos proponen un periodo de introducción progresiva en el que se intentaría averiguar cómo funcionaría el impuesto en la frontera en la práctica, lo que daría tiempo a que otros países se preparen.
Los países que podrían verse más afectados son Rusia, Turquía, China, el Reino Unido y Ucrania, que en conjunto exportan grandes cantidades de fertilizantes, hierro, acero y aluminio a la Unión Europea. Estados Unidos vende mucho menos acero y aluminio a Europa, pero también podría verse afectado.
Los desafíos a futuro
Implementar un impuesto fronterizo sobre el carbono podría suponer varias complicaciones.
Por un lado, las empresas que esperan vender determinados productos a la Unión Europea tendrían que controlar y verificar las emisiones asociadas a la fabricación de sus productos. Si los países no pueden o no quieren hacerlo, la UE impondría su propio precio. Los expertos afirman que esa verificación es posible, pero puede ser complicada.
Además, países como Estados Unidos, China y Rusia se han opuesto al impuesto fronterizo sobre el carbono, lo que plantea la perspectiva de aranceles de represalia y guerras comerciales. También es posible que los países traten de impugnar el ajuste en frontera en la Organización Mundial del Comercio, aunque los funcionarios europeos afirman que están trabajando para garantizar que las normas resistan las objeciones jurídicas (entre otras cosas, lo llaman “ajuste” y no “impuesto” por razones jurídicas).
La Unión Europea ha desistido de implementar propuestas similares en el pasado. Hace una década, las autoridades europeas querían cobrar a las aerolíneas extranjeras que despegaran y aterrizaran en Europa por la contaminación de carbono que producen. Pero la UE desechó la idea tras las fuertes presiones de Estados Unidos y China.
Los funcionarios europeos han dejado abierta la posibilidad de negociar acuerdos comerciales individuales con distintos países que eviten la necesidad de imponer aranceles al carbono, sobre todo con las naciones que están adoptando políticas climáticas. Pero habría que concretar los detalles.
Para convertirse en ley, la propuesta de la UE debe negociarse entre los 27 países miembros y el Parlamento Europeo. Aunque muchas empresas de la UE, como las siderúrgicas, apoyan la idea de un ajuste fronterizo, no están tan dispuestas a perder los derechos de emisión gratuitos del actual programa de fijación de precios del carbono, ya que eso les obligaría a realizar cambios más drásticos en sus negocios. Esta controversia podría complicar las negociaciones internas.
