Para nadie es secreto que la inversión en infraestructura para nuestro país es algo crítico. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, un aumento del 1% sobre el PIB en infraestructura vial, puede reducir hasta un 5% la pobreza extrema y apoyar a interconectar comunidades con ciudades intermedias y estas a su vez con el área metropolitana. Los tramos más importantes de infraestructura vial son aquellos que conectan la frontera de México con la de El Salvador en el corredor Pacífico, la carretera que conecta los dos puertos y algunos proyectos del área metropolitana.

En total, a través de la iniciativa Guatemala No se Detiene, se han identificado hasta 41 proyectos prioritarios que se encuentran alrededor de 3 áreas de competitividad. Nueve proyectos que representan 283 kilómetros y una inversión aproximada de US$900 millones de dólares que van de frontera a frontera, veinticinco proyectos con casi 688 kilómetros que representan US$4,400 millones de dólares en inversión de puerto a puerto y siete proyectos con 19 kilómetros con una inversión de US$140 millones.

Lo primero que debemos notar es que estos tramos en su mayoría son aquellos que ya tienen bastante avanzados algunos estudios previos, que ya se cuenta con algún grado de avance respecto al derecho de vía o ya se cuenta con él o que el contrato de APP ya está listo para su aprobación en el Congreso, como es el caso de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Segundo, para llevar a cabo estos proyectos, no se requiere de momento mayores cambios legislativos. Está claro que para avanzar en más proyectos o de forma más rápida, se requiere aprobar la Ley General de Infraestructura Vial.

Ahora bien, las reformas que se hicieron la semana pasada al reglamento de la Ley de Contrataciones, por medio del Acuerdo Gubernativo 147-2021, mejora la transparencia adicionando formularios electrónicos, proporcionando fluidez a los procesos de contrataciones para que estos no se vean interrumpidos, desarrollando lo concerniente a la ausencia y sustitución de los miembros de las juntas de calificación.

Con esta reforma, se mejora la normativa para agilizar y fortalecer la contratación de obra pública a fin de dotar de certeza jurídica a los proyectos de infraestructura que se ejecutarán con motivo de la reactivación económica.

Adicionalmente se implementan mecanismos para dar cumplimiento a la Ley de Simplificación de Trámites, apostando por el uso de tecnología para la mejora de mecanismos de transparencia y fiscalización en los eventos de adquisición pública, viabiliza las distintas modalidades de adquisición que regula la ley, desarrollando de forma clara y concreta requisitos, procedimientos, plazos y aplicación de distintas figuras normativas que actualmente son interpretadas y aplicadas en forma incorrecta, afectando la ejecución del gasto público y motivando el riesgo de formulación de hallazgos.

Se espera que, con las reformas planteadas, se logre aumentar la inversión pública de una manera más transparente, que permita viabilizar los 41 proyectos identificados y que se agilice la inversión en infraestructura vial para nuestro país.

Respecto al financiamiento, algunos proyectos van a requerir algún grado de deuda, otros se podrán hacer a través del mecanismo de APP ya establecido en ley, sin embargo, otros necesitarán deuda con organismos multilaterales y la posibilidad de concretar apoyo de la comunidad internacional al plan de infraestructura. Por ello es importante el mensaje de que Guatemala no se detiene.