El ostentoso, indudable e innegable fracaso total del gobierno en todos los frentes convierte en inevitable la renuncia de Alejando Giammattei al cargo para el cual jamás tuvo preparación alguna. El rebalse del agotamiento ciudadano no lo comprueban los señalamientos basados en elemental lógica de los columnistas o de representantes de grupos sociales a los cuales se les pueda acusar, con o sin razón, de tener motivaciones, odios, intereses. Lo demuestran las solicitudes de renuncia de grupos diversos sin relación con política y por ello libres de cualquier tipo de acusación. Las crisis políticas y de cualquier tipo necesitan acciones simbólicas, de las cuales derivan acciones para corregir el rumbo, pero esto necesita de una mínima planificación y consenso.

Giammattei ya no tiene espacio. Solo le quedan aduladores y cómplices. Ya no le sirve ni un salvavidas, incluso desde fuera del país. El estado de Excepción y el cierre del Congreso para evitar protestas populares son justificados con el infantil criterio de evitar la propagación de la pandemia. Su último discurso fue absurdo, al no hablar de vacunación sino de recuperación económica, pero luego condenó al cadalso a los restaurantes y las empresas medianas y pequeñas con los horarios de restricciones. El regreso del diputado Edmundo Lemus para disputar la presidencia del Congreso a Allan Rodríguez comprueba la intención de mantener el control del Legislativo para el año preelectoral, cuando el gasto público se multiplica. Ya comenzarán las deserciones de los cercanos.

Ante la carencia de legitimidad reinante en los poderes del Estado, se necesita una solución inédita: escoger a un grupo de ciudadanos notables por su trayectoria en todos los sectores sociales, nombrados o aprobados por estos últimos. Aún existe una dormida base moral ciudadana, a la cual se le debe despertar y convencer para participar, pero para ello es necesario limpiar la mesa. Este Consejo, por llamarlo de alguna forma, debe tener un límite de tiempo para preparar los cambios urgentes. Se debe empezar desde el principio, cuidando de no repetir o de limitar los criterios de la última Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo aquellos inoperantes por haber sido irrespetados.

La forma debe ser distinta: la renuncia, decidida individualmente por Giammattei, se le debe comunicar a este grupo de ciudadanos de sectores, etnias y edades superiores a 40 años, con algunas condiciones de nivel de educación, por ejemplo. Parte del pacto debe ser decidir si se entrega el cargo al vicepresidente actual, o a la persona designada, en una forma interina para terminar el período. Esto se basa en la necesidad de adaptar las ideas básicas de las leyes a las circunstancias, y el criterio no debe ser legalista, sino de espíritu de la ley, con base a criterios filosóficos directos o indirectos. Giammattei terminó el derrumbe paulatino pero imparable del proceso iniciado en 1986.

Ese pacto ciudadano incluye renuncia de los cabecillas de las instituciones del Estado, como el Congreso, las cortes Suprema y de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. No hacerlo imposibilita todo cambio; debe pensarse más allá del cumplimiento de textos legales causantes del abuso por la incapacidad o mala fe de quienes los manejan. La solución de una grave crisis requiere medidas sin precedente derivadas del consenso, buscando luces en la Constitución y los acuerdos de paz, cuya falla fue resultado, entre otras causas, de no haberlos respetado. También se debe repetir la decisión de depurar a quienes se han ganado el ostracismo cívico, debido a su nefasta trayectoria, causante de los males del país.