Uno de los secretos mejor guardados en esta administración es el contrato de compra de las vacunas Sputnik V a Rusia. La ministra de Salud argumenta que se firmó un contrato de confidencialidad —que supuestamente piden todas las farmacéuticas— y que por eso no puede revelar el contrato. Esta semana, elPeriódico publicó una traducción jurada que argumentan que es del contrato firmado por la ministra de Salud. ¿Es ese contrato prueba de que se cometió un delito al firmarlo?

Antes de entrar en el fondo del asunto, una pequeña reflexión sobre la forma: o el contrato está muy mal redactado, o la traducción no está bien hecha, pero la lectura del contrato en español, en general, es bastante mala, por lo que es difícil interpretarlo. Lo más probable es que se deba a traducciones sucesivas.

Esos problemas de redacción hacen que hasta el tema más crítico del contrato, como lo es cuántas vacunas se compraron, quede en una completa ambigüedad. Según el Gobierno, el Ministerio de Salud firmó el contrato para adquirir 16 millones de dosis para vacunar a 8 millones de personas. Sin embargo, en el contrato pareciera establecer que la compra es de 8 millones de dosis. Digo pareciera, porque no queda claro si es por 8 millones de dosis o 8 millones de tratamientos (de dos dosis), por lo que podrían referirse tanto a 8 millones de dosis como a 16 millones de dosis.

De lo que se infiere de esa cláusula —presumiendo solo 8 millones de dosis— y de dos cláusulas en los anexos —que tampoco queda claro si son solo ejemplos o los documentos finales— el costo total del contrato sería de 79.6 millones de dólares. El Gobierno ha indicado que los 79.6 millones de dólares que pagó representan el 50 por ciento del total y hay una cláusula que así lo indica, pero si realmente solo se compraron los 8 millones de vacunas, estas ya están pagadas al cien por ciento por adelantado.

El contrato tiene otros problemas, especialmente el de que el gobierno de Guatemala está obligado a pagar las vacunas, pero la empresa del gobierno ruso no tiene mayores obligaciones ni responsabilidades.

Pero donde sí considero que no hay duda de que se cometió un delito al firmar el contrato es que se renuncia a la inmunidad soberana de Guatemala, para que sea regido por la Ley de Inglaterra y Gales. Incluso, en el documento se establece que quedará excluido de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Además, cualquier disputa deberá llevarse y desarrollarse al Centro de Arbitraje Internacional de Singapur. Este último punto también es constitutivo de delito, ya que, para someter a Guatemala a cláusula arbitral, primero debe aprobarlo el Congreso, como lo hicieron ahora en la Ley de Exención de Responsabilidades.

Ni siquiera el presidente, mucho menos un ministro, y se podría argumentar que ni siquiera el Congreso, tienen la potestad de renunciar a la inmunidad soberana del país.

En cuanto al tema de confidencialidad, una de las excepciones para revelar el contrato es si la parte compradora es enjuiciada penalmente por no divulgar el contrato, proceso que ya se habría iniciado con la denuncia de la Contraloría y la de Acción Ciudadana, por lo que esa podría ser la salida a esa cláusula.

Otro punto importante es que el contrato fue firmado el 30 de marzo, pero esta traducción es del 22 de febrero, por lo que nada garantiza que este sea el contrato final, aunque no dudo que sea muy similar al que se firmó.

Si bien esta publicación deja más dudas de las que ya se tenían sobre la negociación, lo cierto es que algo turbio hay y que debe aclararse.