El presidente está ausente. Ya hace días que no aparece públicamente, ni siquiera para regañarnos. No estuvo para recibir el último envío de vacunas Sputnik V, y eso que le urge mostrar —aunque sea para disimular— que el tema le importa.

No es que el mandatario esté avergonzado por la pésima gestión de la pandemia, que tiene de nuevo a los hospitales desbordados y repletos de casos críticos de covid-19. O que le preocupe estarse disputando el puesto del presidente de América Latina más incompetente para gestionar la compra de vacunas. Tampoco es que ande viendo qué hacer para explicar el despido de más de la mitad del personal de primera línea en el hospital temporal del Parque de la Industria y encontrar formas de recontratarlo.

No. Parece que las preocupaciones presidenciales no están ligadas a la pandemia. O tal vez sí, pero no por lo que la lógica dictaría. A Alejandro Giammattei le preocupa la suerte que puede correr Miguel Martínez, el otrora omnipresente director del Centro de Gobierno, que estaría siendo investigado por compras sobrevaloradas y fraudulentas en estos tiempos de pandemia, y por el destino de varios millones de quetzales de financiamiento de campaña que habría recibido el oficialista partido Vamos.

La información extraoficial apunta a que Giammattei y Martínez fueron alertados de un posible allanamiento en su residencia y que, ni lerdo ni perezoso, este último puso pies en polvorosa, por lo menos hasta que pase el “peligro”. Y el peligro está empezando a pasar. El presidente personalmente se está ocupando de que así sea.

Por eso no extraña que Consuelo Porras —que hace rato dejó de ser solamente “la vigilante”— se haya instalado el pasado martes 29 de junio en las oficinas de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) para tomar control de la situación y de los expedientes.

Un día antes, además, circuló un oficio de la Subdirección General de Personal de la PNC, con fecha 28 de junio, en el que se informaba a todas las unidades acerca de que cualquier solicitud de apoyo del MP debe contar con el visto bueno de la fiscal general. Léase, no habrá diligencia de allanamiento posible sin que Porras Argueta la conozca y la autorice.

Estamos frente a una típica operación de protección, aunque eso suponga la obstrucción de la justicia. Así funcionan la maquinaria y las redes de impunidad que con doña Consuelo volvieron a tomar el control del MP. Por cierto, ya le volvió el alma al cuerpo a Miguel Martínez, que ayer salió presuroso a aclarar —para que no queden dudas— que pronto estará de vuelta. “Allá está mi vida, están mis sueños”, dijo a una radio local.

Malaya el presidente actuara con tanta diligencia para frenar la ola de contagios y muertes evitables por la pandemia. Pero está visto que sus prioridades son otras y que solo acciona cuando le importa o le conviene, ahí donde está su corazón.

Por supuesto que la ministra de Salud, Amelia Flores, no correrá con la suerte de Miguel Martínez. Está visto, con la denuncia que colocó el contralor general de Cuentas en su contra, que han decidido que sea ella la que cargue con toda la culpa de la desastrosa negociación de las vacunas. Y no es que no tenga responsabilidad, que la tiene, pero no es la única.

Con esa maniobra y con una burda estrategia de manipulación de opinión pública que se activó durante el fin de semana —a través de decenas de cuentas falsas en redes sociales para mostrar un ficticio apoyo al presidente—, el gobierno pretende descomprimir y generar una válvula de escape frente a la crisis. Los días que vienen serán decisivos para saber si le será suficiente, o si ya se desató la bola de nieve de la indignación popular y esta se transformará en avalancha.