Guatemala, país multicultural rico en idiomas e historia, urbanismo y arquitectura de 2000 a. C. a 1540 d.C, no termina de definirse como nación, cuya realidad hemos soslayado conocer y fortalecer.

A las puertas de un emblemático aniversario de su declaración de independencia de España debió atender los propósitos enunciados por los estados miembros de Unesco: Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Durante la Conferencia General celebrada en Oct2009 se invitó al director general a apoyar la celebración del bicentenario del proceso de independencia a partir de 2010; resolución adoptada por unanimidad. Se planteó releer la historia para conocer cómo se transformó el mundo en los últimos 200 años y reflexionar sobre las lecciones aprendidas, a fin de mejorar el presente y poder sentar las bases para construir naciones prósperas y equitativas en el siglo XXI. Guatemala propuso hacer un análisis del Estado forjado a partir de 1821, que aún no se consolida como institución rectora de la Nación. Que el tema de la independencia trascendiera los conceptos obsoletos de símbolos patrios, asignaturas escolares y formación cívica que no crearon ciudadanos libres, conscientes de sus deberes, derechos y obligaciones. Tan loables propósitos no se realizaron.

Dentro del inmenso legado material de las culturas bajo la denominación maya subsisten ciudades y conjuntos arquitectónicos junto a ricas tallas en piedra, cerámica ceremonial y de uso diario, artefactos de producción industrial y artística que revelan su alto nivel de desarrollo, hoy apreciado por el ojo occidental como patrimonio cultural y así considerado para su protección dentro de la legislación nacional. Bienes que siguen siendo símbolo cultural para sus herederos y, en algunos casos, sitios sagrados que exigen ser respetados dentro del contexto de la multiculturalidad anotada.

El pasado 10Jun2021 fue presentada al subdirector legislativo del Congreso de la República la iniciativa que pretende aprobar la “ley para el rescate del patrimonio prehispánico de Guatemala”, documento que de inmediato provocó la reacción de profesionales relacionados con el patrimonio cultural de Guatemala, reclamando tratarse de una iniciativa inconsulta con la comunidad académica en los ámbitos de su gestión, investigación y protección, que además excluye a las comunidades cercanas a los sitios arqueológicos y pueblos originarios en general.

El texto sometido, lejos de ser consecuente con la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, propone crear nuevas estructuras administrativas, técnicas y ejecutivas que multiplicarán la organización legítima del Instituto de Antropología e Historia y sus dependencias especializadas. La iniciativa, lejos de preverse como un aliciente para la conservación y desarrollo de ese patrimonio cultural de la Nación en particular, generará burocracia, gastos y un incierto beneficio al bien que se desea proteger.

Luce como resultado de la imagen creada del Estado como un ente incapaz de hacer su trabajo, en este caso, en asuntos que son de su exclusiva competencia de acuerdo a la Constitución y a la citada ley, delegándolo a manos de particulares. Preocupa, dado que la vocación e interés de la iniciativa privada es su beneficio, por lo que resulta obvio que el objetivo será la explotación comercial de aquellos deseados bienes culturales.

Se intuye la presencia de la entidad promotora de asociaciones público privadas, para la que el patrimonio cultural es un estorbo, según rezan sus estatutos, ahora visto con otra mirada. De ser así, el patrimonio prehispánico estará en riesgo y su acceso limitado para uso ceremonial, como hasta ahora lo tienen los pueblos originarios para fines ceremoniales, religiosos y culturales.