Dicha propuesta es una obligación que quedó plasmada en la Ley de Compromiso Mejorado de los EE. UU. con el Triángulo Norte, aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado el año pasado, junto con la Ley de Asignaciones Consolidadas 2021. Ambas fueron promulgadas y cobraron vigor el 27 de diciembre del 2020.
La Ley establece que 180 días después de promulgada debe entregarse la estrategia de desarrollo, así como un informe “no clasificado” de personas que hayan participado en corrupción, obstrucción significativa de las investigaciones sobre tales actos, o bien sea en procesos que socaven las instituciones democráticas.
No se sabe si se publicarán los nombres de sospechosos de participar en actos corruptos, toda vez que, aunque la Ley dice el informe será “no clasificado” contará con un “anexo clasificado, si es necesario”.
Este informe se conoce como la “lista Engel”, por haber sido el congresista demócrata del estado de Nueva York, Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien hizo la propuesta de ley.
Estrategia
Aunque es el Departamento de Estado el encargado de elaborar el plan, en la Ley de Compromiso Mejorado el Congreso definió las cuatro líneas de acción, que son: promover la prosperidad económica, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar la seguridad civil. Cada uno tiene una serie de prioridades que en total suman 20.
El legislativo estadounidense también definió algunos mecanismos para llevar a cabo el plan, según los cuales, el secretario de Estado podrá consultar con la sociedad civil y el sector privado de EE. UU. y de los países involucrados el desarrollo de la estrategia; además, plantea hacer revisiones anuales para constatar su avance.
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Algunas de las acciones específicas que debe tener la estrategia en el primer eje son: abordar las causas subyacentes de la pobreza y desigualdad, fortalecer la resiliencia ante los desastres climáticos y apoyar la inversión y promover la prosperidad económica.
En el segundo eje, relacionado al combate a la corrupción, resalta el fortalecimiento a las fiscalías especiales, implementar procesos transparentes para la selección de fiscales y jueces, así como apoyar los esfuerzos anticorrupción a través de apoyo bilateral y mecanismos multilaterales.
En el eje de gobernanza, el plan debe procurar el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el apoyo a medios de comunicación independientes y asegurar que las amenazas a periodistas, sociedad civil y defensores de derechos humanos sean investigadas a fondo.
Finalmente, en el eje de seguridad, uno de los objetivos de la estrategia es implementar la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana, aumentar la profesionalización de los servicios de seguridad y combatir las actividades ilícitas de las organizaciones criminales transnacionales por medio de personal “examinado” de las fiscalías.
¿Qué debe contener?
Lisa Haugaard, codirectora del Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG), una organización pro derechos humanos con sede en Washington D. C., considera que la estrategia tendrá un enfoque de prevención de violencia, fortalecimiento del estado de derecho y de la sociedad civil, así como de reconstrucción tras el paso de los huracanes y el desarrollo de áreas como el Corredor Seco.
Sin embargo, está a la expectativa de si la cooperación “va a contener aspectos realmente nuevos”. “También van a enfatizar el esfuerzo de la vicepresidenta Kamala Harris para atraer inversión estadounidense”, añadió Haugaard.
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Dijo que es fundamental que la cooperación y préstamos se enfoquen en promover una economía incluyente, que respete los derechos humanos y consulte a las comunidades afectadas, incluyendo indígenas, sobre potenciales proyectos, ya que apoyar “una economía excluyente no sería una estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración”.
Por su parte, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), expuso que el país ya cuenta con la iniciativa Guatemala no se detiene, mediante la cual se han identificado 20 productos en siete sectores que tienen potencial de crecimiento, atracción de inversiones y exportaciones.
Actualmente ya trabajan en la creación de oportunidades económicas y generación de nuevos empleos en el altiplano del país y el departamento de Guatemala.
Zapata dijo que también se han identificado oportunidades de crecimiento en sectores como centros de llamadas, productos farmacéuticos, aparatos médicos quirúrgicos y manufactura de equipos electrónicos.
No obstante, precisó que es importante desarrollar al capital humano, por ejemplo, fortalecer el aprendizaje de matemática e inglés en estudiantes, así como las habilidades técnicas.
¿Qué se espera de la lista Engel?
En la Ley de Compromiso Mejorada, los legisladores estadounidenses plasmaron que “la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras daña significativamente las economías de dichos países y priva a los ciudadanos de oportunidades”.
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Además, señala que la corrupción es facilitada no solo por ciudadanos particulares y funcionarios, sino en muchos casos por personas de terceros países, razón por la cual la imposición de sanciones en contra de personas involucradas en actos corruptos beneficiará a los ciudadanos y gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica.
En tal sentido, es que nació la iniciativa de lista Engel que también sancionará a los involucrados con el retiro de la visa de ingreso a EE. UU. o bien sea, la revocatoria del documento si ya cuenta con él.
Se verá el compromiso real de EE. UU.
El analista en relaciones internacionales y catedrático universitario Roberto Wagner dijo que la presentación de la lista Engel revelará el nivel de compromiso que EE. UU. tiene para combatir la corrupción en la región porque si contiene solo nombres de figuras conocidas de Honduras y El Salvador más no de Guatemala significará que la lista “tiene demasiada discrecionalidad política”, lo cual sería “lamentable”.
En ese sentido, recordó que la Ley de Compromiso Mejorado da la opción de manejar una parte clasificada del informe que podría ser utilizada como herramienta de negociación.
Por el contrario, si en la lista se incluye a cualquier persona sin discriminación alguna que esté ligada a casos de corrupción, y se conozca su nombre y en los casos por los cuales es señalado, y se complementa con la aplicación de la Ley Magnitsky y con un fundamento claro de por qué son un problema para el desarrollo y el progreso del país, demostraría un compromiso serio de EE. UU. en la lucha contra la corrupción.
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Wagner señaló que el listado presentado a mediados de mayo pasado y que fue promovido por la congresista Norma Torres, es un clásico ejemplo de discreción política puesto que incluyó nombres importantes de Honduras y El Salvador, países con los que ha habido conflictos, y no tantos de Guatemala, que EE. UU. aún confía puede ser un socio estratégico.
De esa forma, el analista considera que la lista reflejará cómo se van a manejar la relación de EE. UU. con el Triángulo Norte hasta noviembre del 2022, cuando se celebren las elecciones de medio término en aquel país.
“Si vemos nuevamente que salen nombres de prófugos o de personas que ya están ligados a proceso o que ya han sido incluso detenidos como los que hemos visto, me temo que no va a ser algo que preocupe a los corruptos”, enfatizó Wagner.
Haugaard dijo que es “sumamente importante” que la estrategia contenga una buena parte de presión política con consecuencias reales contra la corrupción, impunidad y abusos de derechos humanos, puesto que ninguna estrategia reducirá la migración “si los tres gobiernos siguen en la dirección de ser más corruptos, de cerrar unidades anticorrupción y espacios a la sociedad civil”.
“Está por terminarse”
Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. dijo a Prensa Libre que “estamos finalizando cuidadosamente el informe” que exige la Ley de Compromiso Mejorada de EE. UU. con el Triángulo Norte y que se dará a conocer al público “en breve”.
Agregó que la lucha contra la corrupción es una de las principales prioridades del Departamento de Estado a nivel mundial y que en Centroamérica junto con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática es “absolutamente esencial para nuestros esfuerzos por abordar las causas fundamentales de la migración”.
