Durante los últimos tres años, diferentes voces han pedido al Congreso de la República que se apruebe la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial. Mientras vemos cómo países de la región, dentro de los cuales destacan Ecuador, Colombia, Perú, Chile hasta El Salvador y Costa Rica, han hecho modificaciones importantes a su legislación para permitir un cambio profundo en las reglas y normas que rigen la planificación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura vial, que permita contar con una mayor inversión, nosotros seguimos con un sistema caduco.

Para el caso de Guatemala, según el último informe del Artículo IV publicado la semana pasada, la inversión doméstica neta es del 14.1% sobre el PIB, donde apenas el 1.2% viene del sector público. Está plenamente demostrado que países con el nivel de crecimiento que está experimentando Guatemala, con una población joven, un porcentaje de población viviendo en áreas urbanas relativamente bajo (alrededor del 52% según el Banco Mundial) y que se estima va a crecer 20% en los próximos 20 años, requiere mayor inversión productiva, especialmente en carreteras y puertos.
Hemos visto en el pasado cómo países en América Latina han hecho cambios normativos que han detonado la inversión. De hecho, en la década de los noventa, con la aprobación de la Ley General de Electricidad, pasamos de 60% a más de 90% de la población conectada, con fuertes inversiones en el país que nos han permitido incluso llegar a exportar energía.

¿Por qué no logramos lo mismo en un sector similar como el de infraestructura vial? Simple, la normativa existente no motiva que los sectores productivos confíen en el sistema para invertir en nuestro país. La falta de transparencia y poca certeza jurídica a la forma en que opera el sector de inversión en infraestructura vial no permite que Guatemala atraiga inversiones en dicho sector.

Y está por demás quejarse, vemos que no solo tenemos las peores carreteras de América Latina, sino que la velocidad con la que nos movemos en el país cada vez es más lenta, por la falta de infraestructura. Podemos seguir diciendo que es por la corrupción, pero si no cambiamos el sistema seguiremos como el perro que se muerde la cola, sin dar ese salto cuántico que necesita nuestro país para avanzar.

Hay varios sectores como el transporte, el comercio, el turismo y la industria que podrían aumentar su productividad si en lugar de construir 200 kilómetros de red vial al año pasáramos a 2,000 kilómetros anuales. Algo que bajo el sistema actual ha mostrado ser imposible sin hacer cambios profundos a la normativa que rige la infraestructura vial desde el Congreso.

El desafío más grande que tienen las ciudades intermedias y la Ciudad de Guatemala es poder conectarse entre sí, para permitir mayor flujo de mercancías, servicios y personas que ayuden a aumentar su productividad. Modificaciones sustanciales que permitan garantizar el derecho de vía al Estado guatemalteco, el uso del subsuelo, un fondo exclusivo para carreteras, un mejor servicio civil y un sistema de contratación de cargos por disponibilidad, son apenas algunos de los beneficios de la ley de infraestructura vial que ya está en el Congreso y que urge ser aprobada para seguir avanzando en la agenda económica.

Seguir dependiendo de un sistema donde cada proyecto se queda estancado en el Legislativo, como le pasó a la carretera Escuintla a Puerto Quetzal, no nos ayudará a avanzar. Es momento de unir esfuerzos y buscar una causa común para aumentar la inversión productiva en el país.