Midieron la capacidad jurídica, la democracia en instituciones públicas y el trabajo de la sociedad civil y medios de comunicación. Guatemala obtuvo una calificación de 3.84 de un total de 10 puntos según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), lo que la ubica en las primeras tres naciones de la región con menos políticas contra la corrupción.
El informe será presentado y analizado este lunes 14 de junio en Nueva York, Estados Unidos, con el objeto de generar un espacio de diálogo que permita, además de conocer el problema, buscar posibles soluciones a problemas que parecen ser sistemáticos en gran parte de Latinoamérica.
La medición destaca entre los países con mejores herramientas anticorrupción a
Uruguay con una calificación de 7.80, seguido de Chile con 6.51 y en una tercera posición se sitúa Costa Rica con 6.45.
En contra posición encontramos a Venezuela que obtuvo solo una calificación de 1.40, Bolivia con 2.43, tan solo unos números por debajo de Guatemala que alcanzó una nota de 3.84 por sus pocos esfuerzos para erradicar la corrupción.
En el caso de Guatemala el documento destaca como detonantes claves para su mala calificación el peligro a la independencia judicial debido a que el Congreso se negó a juramentar a una magistrada electa para la Corte de Constitucionalidad (CC), y el trabajo de la Comisión Presidencial Contra la Impunidad que parece carecer de independencia y objetividad, según el estudio.
Así mismo destaca el estallido social de noviembre de 2020 por la sospechosa aprobación del presupuesto 2020, que generó manifestaciones que fueron reprimidas por un supuesto abuso de fuerza policial, hechos que están aún bajo investigaciones del Ministerio Público (MP).
Entre las alertas que persisten para Guatemala la medición destaca posibles ataques sistemáticos a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que acumula dos inconstitucionales que buscan su disolución, así como un posible estallido social por el mal manejo gubernamental para afrontar la pandemia.
El año pasado Guatemala ocupaba el puesto número 11 de esta misma medición, y desde el primer documento elaborado en 2019 ha descendido en un 16%.
Temen ola de criminalización
La calificación que recibió Guatemala no fue sorpresa para David Gaytán, consultor en temas de transparencia y fiscalización, quien considera que aunque el Gobierno busque abanderar una lucha contra la corrupción su discurso no se traduce a acciones.
El experto considera que los peligros que advierte el informe son reales, aunque añade que con las reformas a la Ley de ONGS avaladas hace unas semanas por la CC, el Gobierno cuenta con una herramienta jurídica con la que puede callar a críticos y opositores sin ningún problema.
“Parte de este evidente retroceso en materia de combate a la corrupción son este tipo de leyes, criminalizar la participación ciudadana cuando cada vez más en el mundo lo que se da es una apertura, o al menos una intención de reforzar la participación ciudadana como mecanismos de fiscalización, contrario a Estados represivos como Venezuela y Nicaragua, donde Guatemala ya ha entrado a este tipo de países donde buscan reprimir la participación ciudadana”, advirtió el experto.
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Un informe exagerado
No todas las voces coinciden con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción. Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), estima que este documento pasara inadvertido por no tener una medición real, por lo que descartan efectos negativos para la inversión y desarrollo nacional después que sea publicado.
“Sus predicciones son totalmente erróneas y muy sesgadas. Primero porque yo le puedo asegurar que el 90% de la población ahorita por lo que está preocupada es por la situación económica del país. Aquí hemos visto que las manifestaciones en contra de la corrupción no llegan más de 200 personas. Eso está totalmente sacado de contexto, yo puedo entender que hay personas o instituciones que han atacado a Feci en redes sociales pero es lo mínimo, la gran cantidad de organizaciones formales en este país han apoyado públicamente al Ministerio Público”, argumentó.
Zapata es de la opinión que para hacer un diagnóstico de la corrupción se necesita medir la certeza jurídica, así mismo pasar de exponer tan solo los problemas, que pueden ser evidentes, y generar propuestas de cambio para el verdadero beneficio social.
La corrupción es una bandera política
Por su parte Francisco Quezada, investigador del Centro de Estudios Económicos Nacionales (Cien), considera que si se necesita combatir la impunidad, aunque tiene algunas dudas en la forma en que se calificó a Guatemala.
Incluso destaca como el tema de la corrupción se ha estado utilizando en las últimas décadas como una bandera política, tan solo para buscar adeptos y futuros votantes para la contienda electoral, lo que podría, según él, ampliar la polarización social.
“Hay muchos netcenter que quieren dividir a la sociedad con el tema de corrupción, hay que entrarle durísimo al tema de corrupción y donde más se combate es en la prevención. Se combate teniendo un gobierno pequeño, que ejerza las funciones esenciales y que sea muy sencillo poderle seguir la ruta si lo están prestando bien y a un costo adecuado, lo que tenemos ahora es una expansión del gasto público donde no hay quien pueda fiscalizarlo, la ciudadanía percibe que está pagando impuestos pero que no está recibiendo servicios, lo que el ciudadano piensa inmediatamente es que se lo están robando, entonces la percepción de corrupción más alta es el servicio publico ineficiente”, enfatizó.
Gobierno destaca Comisión Contra la Corrupción
La reciente visita a Guatemala de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, anunció la creación de una fuerza de tarea contra la corrupción, lo que parece sustentar los resultados del informe que no percibe acciones nacionales directas para combatir la impunidad.
Pero la respuesta que da Patricia Letona, Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, para destacar el trabajo oficial a favor de la transparencia es resaltar la creación de una oficina gubernamental.
“Para avanzar en el combate de la corrupción se han realizado las siguientes acciones: Creación de una Comisión Presidencial para la investigación administrativa, apoyo a las instituciones que conforman el Sector Justicia con presupuesto adicional en el primer año con aportes extraordinarios. No debemos perder de vista que uno de los principales corruptores del Estado es el Narcotráfico. El crimen organizado transnacional maneja altos flujos de dinero que corrompe a distintos actores”, señaló la comunicadora.
La Comisión Presidencial Contra la Corrupción liderada por Óscar Dávila recordó que el año pasado nuestro país fue calificado de una forma similar en esta medición internacional, aunque aseguro que ellos, el Organismo Ejecutivo, impulsan acciones para prevenir practicas corruptas, entre los proyectos venideros destacó un manual de buenas practicas para todas las dependencias del Ejecutivo.
Así mismo resalto que quizás esa percepción de corrupción se debe porque no todos están trabajando de la misma manera. “Un bote que solo lleva un remo cuesta más que llegue al final que se propone. Como Organismo Ejecutivo estamos interesados en luchar contra la corrupción y limpiar la casa, sin embargo hemos visto que muchos de los ataques, criticas y algunas otras situaciones que repercuten en la percepción de corrupción no solo nacen del Ejecutivo, sino de los tres poderes del Estado. El esfuerzo que nosotros estamos haciendo es uno, lamentablemente no se miran acciones especificas de los otros organismos de Estado”.
Según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción la fiscalización ciudadana y las protestas por descontento social se vieron frenadas en la región por la expansión que ha tenido el covid – 19, situación que fue aprovechada por grupos de poder para fortalecer estructuras de impunidad.
