Muchas razones explican el fracaso nacional en la conducción del país por este y varios gobiernos anteriores. Algunos son muy conocidos, como la incontrolable corrupción, pero hay otros ocultos de la vista y conocimiento públicos, y aunque estén relacionados con tal lacra, no es simple descubrirlos. Se trata de los clanes familiares, verdaderas hordas dispuestas a apoderarse de los fondos estatales; es decir, del dinero de los guatemaltecos. Estas bandas delincuenciales incluyen a cónyuges, hijos, hermanos “y demás familiares”, como dicen las esquelas. Pero también participan amantes, sin diferencia de sexo, así como los familiares políticos, cuya identificación se complica porque es distinto su apellido al de quien los invita a alimentarse de la vaca del Estado.

Entre las causas de esta forma de corrupción, no siempre considerada como tal, se encuentran el absurdo criterio de tomar en cuenta a la parentela para acompañar al funcionario en ese cambio de situación económica súbita por haber sido electo, nombrado o pertenecer a un “partido” o cualquier grupo. No ayudar a la mayoría posible de sus miembros es considerado traición, y se agregan los amigos y sobre todo las ‘amistades con derechos’, quienes por aparte ven en el cargo del amante una segura fuente de dinero, otorgado por él o ella, y/o gracias a puestos supernumerarios, innecesarios y con remuneración inexplicable e inaceptable por ser enormemente superiores a los escuálidos salarios estatales del personal intermedio.

Durante los últimos tres o cuatro gobiernos esta práctica inmoral ha aumentado de manera espeluznante, por causar horror. La presión popular a causa de las publicaciones de prensa ha forzado el cierre de centros burocráticos inútiles creados para algún amante, pero, siguiendo la costumbre de burlarse de la población, lejos de sacarlos del equipo de gobierno en cualquiera de sus niveles, se les premia con un puesto en otra entidad oficial. Los escándalos de este tipo no pueden explicarse como parte de la vida privada, derecho desaparecido al ejercer puestos públicos. Además, el prestigio del país se afecta en las relaciones con la comunidad internacional, donde frecuentar lugares “non sanctos” no es tolerado si es descubierto, y por ello solo queda la renuncia o despido.

En el caso de las mujeres funcionarias, la cadena es difícil porque algunas han renunciado a su derecho de agregar a su nombre el apellido del esposo, y en el de los hijos es distinto al de ellas, y de ser divorciadas ocurre lo mismo. La red ‘tarantulesca’ referida también afecta las municipalidades, en algunas de las cuales se han agregado las remuneradas “obras sociales de la esposa del alcalde”, acciones solo justificables si son ad honorem. Esto es así porque la corrupción no tiene sexo preferido —no género, porque se trata de personas, no objetos—. También es una advertencia para esta ‘parentelocracia hormiga’; es decir, pequeña pero en muchos lugares, con resultados medibles a nivel nacional y de la cual se sabe casi siempre por “culpa” de la prensa.

Un tema fundamental

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, por fin pudo llegar, después del regreso de emergencia a Washington. Ha circulado en redes sociales una versión preocupante: Guatemala continuará siendo el lugar donde los emigrantes ilegales sean impedidos para seguir su peligroso viaje al Norte. Si se confirma, será difícil explicar la diferencia entre Trump y Biden en el negrohumoresco plan del “tercer país seguro”. No importa si le cambian nombre. Tiene mucha importancia local y la estrategia de la visitante debe ser aclararlo sin lugar a dudas, con lenguaje clarísimo, y se une a la necesidad de señalar una vez más la posición estadounidense respecto de todos los niveles de corrupción, porque esta es la causa directa o indirecta de la desesperación generalizada causante de la emigración irregular.